La ley abolicionista de la prostitución pondrá el foco en el proxenetismo digital

La lucha contra la explotación sexual en España está a punto de abrir un nuevo y decisivo frente de batalla: el ciberespacio. El Gobierno ultima los detalles de la esperada ley integral para la abolición de la prostitución, una de las normativas más ambiciosas de la legislatura, y su principal novedad será la de poner el foco en una de las formas más extendidas y, hasta ahora, más impunes de este negocio: el proxenetismo digital.

Esta futura ley no busca ser una simple reforma, sino un cambio de paradigma que alinee a España con el modelo abolicionista nórdico. Su filosofía es clara: considerar la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y, por tanto, perseguir a toda la industria que se lucra con ella. Y en 2025, esa industria ya no opera solo en clubes de carretera o pisos discretos, sino a plena luz del día en internet.

El proxenetismo digital, el nuevo campo de batalla

Durante años, internet se ha convertido en el gran supermercado del proxenetismo. Páginas web de contactos, portales de anuncios clasificados y foros especializados actúan como gigantescos catálogos donde se publicitan los servicios sexuales de miles de mujeres. Estas plataformas, a menudo escudadas en una supuesta neutralidad (alegan ser meros intermediarios), generan ingresos millonarios a través de la publicidad y el posicionamiento de los anuncios.

Hasta ahora, perseguir a los dueños de estas webs ha sido una tarea titánica para la justicia. La legislación actual sobre el proxenetismo estaba pensada para el mundo físico, para el chulo que explota directamente a la mujer, lo que creaba un limbo legal para estos nuevos actores digitales. La nueva ley busca dinamitar este limbo, ampliando la definición del delito para que abarque a cualquier persona o entidad que, de forma directa o indirecta, se lucre con la prostitución de otra persona, incluyendo a los propietarios y gestores de estas plataformas online.

Las claves de la nueva ley: asfixiar el negocio desde todos los frentes

La estrategia de la ley abolicionista es la de una asfixia económica y penal del negocio del proxenetismo, actuando sobre todos sus pilares.

• Ampliación del proxenetismo: Como se ha mencionado, se perseguirá no solo al proxeneta tradicional, sino a todo aquel que facilite o se beneficie económicamente de esta explotación ajena, con especial atención al entorno digital.
• Refuerzo de la "tercería locativa": Se endurecerán las penas para quienes, con ánimo de lucro, proporcionen un local, un piso o cualquier otro espacio —físico o virtual— para que se ejerza esta lacra. Esto pone en el punto de mira tanto a los dueños de los macroburdeles como a los de las páginas web.
• El foco en el "cliente": Siguiendo la estela de la "ley del solo sí es sí", que ya introdujo multas para los demandantes de prostitución, se espera que la nueva norma mantenga o endurezca la persecución del "putero", al considerarlo una pieza indispensable que sostiene toda la industria de la explotación.
• Despenalización y protección de la víctima: El pilar del modelo abolicionista es que la mujer en situación de prostitución nunca es considerada una delincuente, sino una víctima. La ley contemplará un plan integral de ayudas, con recursos económicos, formativos y de inserción laboral, para ofrecer una salida real a todas aquellas que quieran abandonar la prostitución.

El debate social, abolicionismo vs. regulación

La aprobación de esta ley no estará exenta de un profundo debate social. El modelo abolicionista, inspirado en países como Suecia o Francia, se contrapone al modelo regulacionista de otros como Países Bajos o Alemania, que consideran el proxenetismo un trabajo y buscan regularlo para, teóricamente, dar derechos a las trabajadoras.

En España, el movimiento feminista está mayoritariamente a favor del abolicionismo. Sin embargo, algunos colectivos y sindicatos de trabajadoras sexuales se oponen frontalmente a esta ley. Argumentan que perseguir al cliente y los locales no acaba con la prostitución, sino que la empuja a una mayor clandestinidad, haciendo a las mujeres mucho más vulnerables a la violencia y a las mafias, al tener que operar en entornos más ocultos y peligrosos.

A pesar de este debate, el Gobierno parece decidido a seguir la senda abolicionista, entendiendo que no se puede regular una práctica que considera una violación de los derechos humanos. La nueva ley, con su foco en el proxenetismo digital, representa el intento más serio hasta la fecha de adaptar la lucha contra la explotación sexual a la realidad del siglo XXI.