Las instituciones de Derechos Humanos son clave en la protección de migrantes en América Latina

La ciudad de Panamá se convirtió en el escenario de un evento de gran relevancia para América Latina y el Caribe: el Congreso Internacional sobre Movilidad Humana y Derechos Humanos. Celebrado en el marco de la Asamblea General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), este congreso reúne a defensores, autoridades y organizaciones que buscan garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas en la región.

El evento, que cuenta con el respaldo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se extenderá por dos días y ha sido catalogado como un espacio vital para reflexionar y tomar acciones concretas ante una problemática cada vez más urgente.

Desafíos de la movilidad de migrantes en un continente en crisis

Según datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más de 48,3 millones de personas de la región vivían fuera de su país de origen en 2024, lo que representa el 15,9 % de la población migrante mundial. Esta realidad refleja no solo una tendencia creciente, sino también los profundos desafíos que enfrenta América Latina en términos de gobernanza migratoria y derechos humanos.

Uno de los puntos más críticos es el paso por la peligrosa selva del Darién, que une Colombia con Panamá. Según el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, más de un millón de personas han cruzado esta zona entre 2019 y 2024, incluyendo un récord de más de 500.000 en 2023.

Aunque en lo que fue de 2024 el número ha disminuido drásticamente, apenas 2.904 personas han cruzado, la situación sigue siendo alarmante por los riesgos que enfrentan quienes transitan por esa ruta.

Instituciones como garantes de derechos

Durante la apertura del congreso, Pedro Callisaya, secretario general de RINDHCA y defensor del Pueblo de Bolivia, subrayó el papel crucial de las instituciones nacionales de derechos humanos frente a los contextos de extrema vulnerabilidad en los que viven los migrantes.

Según Callisaya, estas instituciones no solo tienen un mandato legal, sino también una responsabilidad ética de asegurar que los derechos de las personas en situación de movilidad, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados o apátridas, sean respetados, protegidos y realizados en la práctica.

Callisaya enfatizó que estas entidades no sustituyen a los organismos migratorios ni a las ONG humanitarias, pero sí las supervisan y actúan como un contrapeso esencial para asegurar que las políticas migratorias estén alineadas con el derecho internacional de los derechos humanos. Su trabajo abarca desde la prevención de abusos hasta el asesoramiento a los Estados y el acompañamiento a las personas más vulnerables.

Peligros en el tránsito y la necesidad de respuestas coordinadas

Andrés Sánchez, representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), alertó sobre los graves peligros que enfrentan los migrantes en tránsito por América Central.

Estos van desde desapariciones y muertes hasta violencias múltiples como secuestros, agresiones sexuales, trata, robos, amenazas y detenciones arbitrarias. Para Sánchez, es imprescindible colocar los derechos humanos en el centro de las políticas migratorias y fronterizas, y promover una gobernanza basada en la cooperación, la responsabilidad compartida y el multilateralismo.

El embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, también intervino en el congreso para resaltar el papel positivo de la migración en el desarrollo. Palacios pidió que no se criminalice a las personas migrantes, recordando que su movilidad debe gestionarse de forma ordenada, segura y regular. Enfatizó que, ante los desafíos actuales, los países deben “tender puentes y no levantar muros”, y que es momento de actuar con valentía para defender la dignidad de quienes buscan un futuro mejor.

Una responsabilidad compartida

El congreso de Panamá deja claro que la protección de los derechos humanos en contextos migratorios no puede ser una tarea individual. Se requiere una respuesta articulada entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, con las instituciones nacionales de derechos humanos como eje fundamental.

La magnitud del fenómeno de los migrantes exige más que declaraciones: necesita acción inmediata, cooperación real y un compromiso firme con la dignidad humana.