La falta de reconocimiento legal de las personas trans “vulnera” los derechos humanos

Amnistía Internacional ha señalado que la falta de reconocimiento legal de las personas transexuales puede suponer una “vulneración” de derechos humanos, como el derecho a la vida privada, y expone a este colectivo a “más discriminación de la que ya sufren diariamente”.

La visibilidad de las personas trans y sus historias son muy importantes y, afortunadamente, están empezando a importar

Amnistía Internacional recordó que el Gobierno español todavía no ha aprobado el borrador de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI

Ante esta situación, el responsable de diversidad sexual y de género en Amnistía Internacional España, Carlos Sanguino, observó que “para las personas trans, tener documentos de identidad que reflejen su identidad de género es de vital importancia para el disfrute de sus derechos humanos”, por lo que “se deben establecer mecanismos para que puedan obtener dichos documentos sin requisitos patologizantes, como ocurre ahora en España”.

Por ello, reclamó “suprimir cualquier requisito médico que condicione el reconocimiento legal de su género y el cambio legal de su nombre, como tratamiento hormonal o diagnóstico de trastorno mental”, según lo establecido por la ONU, el Consejo de Europa y la Comisión Europea”.

La violencia y los abusos contra las personas trans han aumentado durante la pandemia

En algunos casos, esto es consecuencia directa de las medidas de confinamiento que obligan a las personas trans a aislarse y convivir con familiares hostiles. Otras se han visto forzadas a ponerse en peligro para ganarse la vida; esto ocurre sobre todo con las personas trans trabajadores/as sexuales, que se han arriesgado a exponerse al virus o que atienden a clientes en lugares poco seguros para seguir trabajando durante el confinamiento.

La pandemia también ha revelado cómo los años de discriminación han empujado a muchas personas transexuales a la marginación, haciéndolas vulnerables a los estragos económicos de la COVID-19.

En muchas partes del mundo, este colectivo está excluido de la educación o del empleo formales, lo que las confina a un abanico limitado de oportunidades laborales; gran parte del trabajo disponible es informal o está en sectores que se han visto muy afectados por la pandemia.

Por ejemplo, en India, Bangladesh y Pakistán, las mujeres trans, conocidas culturalmente como khwaja siras o hijras, están excluidas de muchas oportunidades de educación y de empleo, y a menudo se ganan la vida desempeñando funciones ceremoniales en bodas y nacimientos, como trabajadoras sexuales o mendigando.

Cuando se impusieron medidas de confinamiento en estos países, este tipo de trabajos se paralizaron por completo.

Por otro lado, Amnistía Internacional denunció que, entre enero de 2008 y septiembre de 2002, al menos, 3.664 personas transgénero han sido asesinadas en todo el mundo, según las estadísticas del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM), una situación durante la pandemia del coronavirus.

Respetar y promover los derechos humanos de las personas trans es una obligación nacional e internacional de todo gobierno

A pesar de los avances lo grados en materia de LGTBI, todavía 69 países miembros de la ONU cuentan con disposiciones que penalizan los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo. Además, seis de ellos -Arabia Saudí, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria y Yemen- contemplan la pena de muerte como castigo por estos actos, y en otros cinco -Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia- podría imponerse la pena capital, “aunque hay menos certeza jurídica al respecto”.

A ello se suma que las leyes, como la que acaba de aprobar Hungría, contra este colectivo demuestra que la lucha por defender sus derechos humanos “es todavía muy necesaria”.

Por último, alertó de las “vulnerabilidades” que sufren las personas refugiadas LGTBI, especialmente aquellas que se encuentran en campamentos donde la libertad de movimiento es reducida, como sucedió recientemente en Kenia.

Los gobiernos tienen que examinar atentamente los daños que la pandemia ha causado a las personas trans y tomar medidas inmediatas para proteger sus derechos. Esto significa cuestionar y derribar las barreras institucionalizadas y sistémicas que encuentran estas personas para acceder y conservar un empleo formal y las prestaciones que conlleva; proporcionar atención médica, seguridad alimentaria y alojamiento adecuados y oportunos, y protegerlas de la violencia y el hostigamiento.