Europa reevalúa la aplicación total de la Ley IA ante retrasos y dudas

La Unión Europea se encuentra en una encrucijada con respecto a la implementación completa de su pionera Ley IA o Ley de Inteligencia Artificial (IA). Aunque la norma entró oficialmente en vigor el pasado 1 de agosto de 2024, ni Bruselas ni los países miembros parecen estar preparados para su aplicación plena. La complejidad del marco legal y la cantidad de elementos pendientes de definir han llevado a la posibilidad de revisar los plazos.

Esta ley, considerada una de las más ambiciosas del mundo en cuanto a regulación tecnológica, fue diseñada para establecer estándares claros en el uso de la IA en territorio europeo, especialmente en lo que se refiere a los sistemas considerados de alto riesgo. Sin embargo, a pocos días de cumplirse uno de los plazos clave —el próximo sábado 10 de agosto de 2025—, muchos aspectos esenciales de la legislación aún no se han concretado.

Falta de definición en puntos críticos de la Ley IA

Uno de los principales retos actuales es la ausencia de detalles en áreas fundamentales. Por ejemplo, todavía no se ha determinado con precisión qué sistemas de IA serán clasificados como “de alto riesgo”, ni se han asignado las autoridades nacionales responsables de hacer cumplir la normativa.

Además, aunque ya se ha publicado el Código de Buenas Prácticas para los modelos de IA de propósito general (GPAI, por sus siglas en inglés), este texto ha generado más dudas que certezas. La publicación del código a comienzos de este mes provocó una oleada de solicitudes por parte de empresas y actores del sector para que se posponga la implementación total de la ley.

El calendario aprieta. Antes del sábado, la Comisión Europea debe proporcionar a los proveedores de IA de alto riesgo una guía detallada que indique cómo deben actuar en caso de que se detecte un problema grave en sus sistemas. Este sería también el primer momento en que Bruselas podría reexaminar qué sistemas de IA deben prohibirse o someterse a un control más estricto.

No obstante, hasta ahora no se ha publicado ninguna de estas orientaciones. Y no es sólo Bruselas quien va con retraso. La propia estructura de la Ley IA traslada gran parte de la responsabilidad de ejecución a los gobiernos nacionales, quienes también tienen hasta este sábado para establecer medidas clave.

Estados miembros sin avances visibles

A pesar de la urgencia, muchos de los 27 países que componen la UE no han cumplido con los requisitos del calendario. Entre las tareas pendientes destaca la aprobación de normas específicas sobre sanciones y medidas coercitivas que permitan aplicar la ley IA de forma efectiva. También está en el aire la designación de las autoridades de control en cada país, fundamentales para que la regulación funcione en la práctica.

En Alemania, por ejemplo, la legislación nacional para aplicar la Ley IA aún está en trámite, retrasada por la inestabilidad política que siguió a la caída del gobierno de la ‘coalición semáforo’ liderada por el excanciller Olaf Scholz en 2024. Esta situación pone en duda la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones dentro del plazo establecido.

En Irlanda, las voces críticas también han empezado a alzarse. La unidad Enforce, del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles, especializada en la vigilancia de las grandes tecnologías, alertó recientemente sobre la falta de supervisión adecuada para aplicar la Ley IA. Según la organización, el país aún presenta importantes carencias en su estructura legal y técnica para hacer cumplir el reglamento europeo.

Un futuro incierto para la regulación tecnológica en Europa

Lo que está quedando claro es que la ambición regulatoria de Europa en materia de inteligencia artificial está encontrando más obstáculos de los previstos. El desfase entre la aprobación de la norma y su implementación efectiva podría generar un vacío legal, o incluso una desigual aplicación entre los Estados miembros, minando uno de los principios fundamentales del bloque: la armonización normativa.

En este contexto, no se descarta que Bruselas y los países de la UE acuerden una prórroga o redefinan las fechas clave para la aplicación completa de la ley IA. La intención política está clara, pero el camino para traducir esa voluntad en realidad efectiva todavía está lleno de incertidumbre.