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En España, 12,5 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social, la cifra más baja desde 2014, según los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida. Aunque hay una mejora general, esta se ve opacada por los 4,1 millones que viven en pobreza severa, es decir, hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes, así como por las preocupantes cifras de niños en esta situación.
Además, preocupa especialmente la tasa de pobreza infantil en España, la más alta de toda la Unión Europea, considerada "alarmante", con 2,3 millones de menores con falta de recursos. Esta es una de las principales conclusiones del XV Informe Anual presentado este miércoles por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
El Estado de bienestar evitó que 11,1 millones de personas en España cayeran en situación de exclusión social en 2024. Sin embargo, los datos muestran una problemática de fondo: al menos una de cada cuatro personas ha permanecido en riesgo de exclusión social durante la última década, según señala la investigación.
Las políticas sociales no logran eliminar la pobreza extrema
El informe resalta que el riesgo de carencia y exclusión social disminuyó en el último año, pasando del 26,5 % al 25,8 % de la población, lo que equivale a 200.000 personas menos, alcanzando así el nivel más bajo desde 2014. Aunque esta reducción es significativa y refleja el compromiso con las políticas sociales en los últimos años, el informe lamenta que todavía no se haya conseguido bajar del 25 %.
Carlos Susías, presidente de EAPN-ES, ha explicado que las medidas que han mejorado la situación de manera general no están llegando realmente a las personas más vulnerables, quienes más necesitan apoyo. Esto hace que su situación se vuelva crónica y complica sus oportunidades para salir de la indigencia. Cabe recordar que en 2024 el número de personas en privación severa se ha mantenido estable, situándose un punto por encima de la cifra de 2008: 4,1 millones de personas viven en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes por unidad de consumo.
Las familias monoparentales y numerosas están especialmente expuestas al riesgo de carencia. La mejora en general no es uniforme: la brecha de género entre quienes viven en situación de necesidad se ha ampliado y la situación de la población migrante ha empeorado, ya que más de la mitad de estas personas están en riesgo de carencia o exclusión social.
La exclusión social golpea con más fuerza a familias vulnerables
Además, tres de cada diez personas que viven en hogares con menores están en riesgo de necesidad o exclusión social. La situación es especialmente crítica en los hogares monoparentales, donde más de la mitad (50,3 %) enfrenta este riesgo, y en las familias numerosas, con un 49,1 %. También es preocupante que el 32,9 % de las personas con discapacidad estén en situación de privación o exclusión social, porcentaje que aumenta al 40,7 % durante la etapa laboral.
Los altos costes de la vivienda están aumentando la carencia en las familias. La dificultad para acceder a una vivienda, debido a los elevados precios tanto de compra como de alquiler, es una de las causas principales del empobrecimiento y la desigualdad que afecta a una gran parte de la población. De hecho, las personas en situación de necesidad destinan más de un tercio de sus ingresos (el 35,5 %) a gastos de vivienda, quedándoles un promedio de 333 euros mensuales después de pagar el alquiler y 370 euros tras abonar la hipoteca.
Piden medidas urgentes ante la persistente desigualdad
Aunque en 2024 la pobreza energética ha disminuido en más de tres puntos, comparado con 2014 ha crecido un 65,9 % y casi se ha triplicado desde 2008.
“Es necesario analizar lo que está pasando con el tema de la vivienda, porque se está convirtiendo en un factor que empobrece a familias que, en teoría, no deberían estar en situación de indigencia”, advirtió el responsable de la red de organizaciones.
La red solicita la implementación urgente de medidas estructurales que han conseguido reducir la privación infantil en países como Bulgaria, Grecia o Rumanía desde 2015, donde las tasas son peores, mientras que en España esta problemática sigue siendo alta y constante.
EAPN-ES hace un llamado a los partidos políticos para que actúen con responsabilidad y aprueben en esta legislatura el Pacto de Estado contra la carencia, que contemple medidas que aseguren ingresos dignos en todas las etapas de la vida —como una prestación universal por crianza—, así como acceso a vivienda adecuada, empleo de calidad, educación inclusiva y políticas de cuidados y corresponsabilidad.
“Ese pacto está detenido en el Congreso de los Diputados, y debemos reactivarlo junto con medidas de apoyo para combatir la desigualdad infantil, porque si la familia es pobre, el niño también lo será”.
“Sabemos que puede parecer idealista en el clima político actual, pero si a los partidos les importara realmente el más del 25 % de la población que vive en pobreza, no debería ser tan complicado llegar a un acuerdo”, concluyó.
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