El Gobierno impulsa un decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado los trabajos para desarrollar un nuevo decreto que regulará la alimentación en hospitales y residencias, con el objetivo de asegurar dietas saludables, equilibradas y sostenibles. Así lo confirmó el ministro Pablo Bustinduy durante su intervención ante la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado, donde explicó que la iniciativa se encuentra todavía en su “primera fase de elaboración”.

El proyecto, elaborado conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, busca establecer estándares mínimos de calidad alimentaria en todos los centros sanitarios y residenciales del país. Según el ministro, se trata de una medida que pretende equiparar las condiciones nutricionales de estos espacios con las ya reguladas en los comedores escolares, donde recientemente se han fijado criterios comunes para promover una dieta más saludable entre los menores.

Un paso hacia una alimentación coherente con los cuidados

Bustinduy defendió que este nuevo marco normativo supondrá un “gran paso adelante” en materia de salud pública y bienestar social. A su juicio, existe una “gran incomprensión” por parte de la ciudadanía respecto a que, en entornos como hospitales o residencias, este aspecto no siempre esté alineado con los tratamientos médicos o con la promoción de hábitos saludables.

“El hecho de que la comida que se ofrece en estos centros no guarde coherencia con los cuidados que se prestan es algo que debemos corregir”, afirmó el ministro, quien recalcó que el Gobierno busca “reivindicar el derecho a una nutrición saludable como parte esencial del derecho al bienestar”.

Bustinduy subrayó además que la alimentación no es solo un asunto de salud, sino también de identidad cultural y equidad social. “Nuestra gastronomía es una expresión de quiénes somos, pero también una herramienta fundamental para garantizar la igualdad, el bienestar y el disfrute de la vida cotidiana”, sostuvo.

Coordinación interministerial y enfoque sostenible

El decreto, que se encuentra en sus primeros compases, será fruto de la cooperación entre distintos departamentos ministeriales. El Ministerio de Derechos Sociales trabaja “mano a mano” con Sanidad para diseñar una normativa que no solo se centre en el valor nutricional de los menús, sino también en su sostenibilidad ambiental y social.

El objetivo, explican desde el departamento de Bustinduy, es avanzar hacia menús equilibrados, nutritivos y responsables con el medio ambiente, fomentando el consumo de productos de temporada y de proximidad. De esta forma, se pretende mejorar la calidad de vida de los usuarios de hospitales y residencias, al mismo tiempo que se impulsa un modelo alimentario más sostenible y coherente con la Agenda 2030.

El decreto de comedores escolares: modelo y referencia

Durante su intervención en el Senado, el ministro también hizo referencia al decreto sobre comedores escolares, actualmente en fase de “despliegue y aplicación”. Bustinduy expresó su confianza en que esta normativa “marque un antes y un después” en la alimentación de los alumnos de todo el país, sentando las bases de un modelo que ahora se quiere trasladar a hospitales y residencias.

El responsable de Derechos Sociales recordó los preocupantes datos del estudio Aladino, que reflejan una fuerte desigualdad en los índices de exceso de peso infantil en función del nivel de renta familiar. Según este informe, el 48% de los niños pertenecientes a hogares con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales presentan exceso de peso, frente al 29% de los menores de familias que superan los 30.000 euros.

Esa brecha de casi 20 puntos porcentuales, apuntó el ministro, demuestra que la alimentación saludable está profundamente condicionada por los recursos económicos y el entorno social.

Garantizar igualdad nutricional entre los escolares

Con el decreto de comedores, el Ejecutivo busca que todos los niños del país, sin importar su lugar de residencia o el nivel de ingresos de sus familias, puedan disfrutar de una alimentación adecuada y equilibrada.

La normativa fija como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y establece que los menús deben basarse en frutas y verduras frescas de temporada, reduciendo el consumo de frituras y productos ultraprocesados. Además, se determina que el agua será la única bebida servida en los comedores, eliminando refrescos y bebidas azucaradas, y que se regulará el funcionamiento de las máquinas expendedoras (vending) en los centros educativos para evitar el acceso a alimentos poco saludables.

Bustinduy insistió en que el objetivo último es “garantizar unas condiciones mínimas de alimentación saludable para todos los escolares del país”, y añadió que esta política “debe extenderse también a otros ámbitos públicos, como hospitales y residencias, donde el derecho a comer bien es inseparable del derecho a cuidar y ser cuidado con dignidad”.

Un compromiso con la salud y la equidad

El Gobierno considera que tanto el decreto de comedores escolares como el que se prepara para hospitales y residencias forman parte de una estrategia integral de promoción de la salud, la equidad y la sostenibilidad.

Con estas medidas, explicó Bustinduy, se pretende dar una respuesta concreta a una demanda social creciente: que las instituciones públicas garanticen una alimentación coherente con los valores de cuidado, igualdad y bienestar que inspiran las políticas sociales.

“Comer bien no puede ser un privilegio ni una cuestión de suerte. Debe ser un derecho garantizado en todos los espacios donde el Estado cuida de las personas”, concluyó el ministro.