22/04/2025 - 09:34
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Los países de la Unión Europea están acelerando la expulsión de ciudadanos que no tienen nacionalidad comunitaria y sobre los que pesaba una orden de deportación. En el último trimestre del pasado año esas deportaciones ejecutadas aumentaron un 24 % en comparación con el mismo período del año anterior, y las órdenes de expulsión emitidas aumentaron un 16 % según datos que ha publicado Eurostat.
El mayor número de órdenes se han impuesto en Francia (31.880), España (18.645) y Alemania (15.135); entre los tres países suman la mayoría, en concreto el 52 %, de las órdenes emitidas en todo el territorio de los 27.
En el caso de España, a pesar de ese aumento de órdenes de expulsión, la ejecución de las mismas está por debajo del nivel de países como Francia, Alemania, Italia o Suecia. Según los datos de organizaciones que monitorizan estos retornos, menos del 10 % de las órdenes emitidas en nuestro país terminan con la expulsión efectiva.
El incremento de las deportaciones en la Unión Europea
La Unión Europea ha intensificado su política de deportaciones en los últimos años, reforzando el control sobre la inmigración irregular. En este contexto, España se ha posicionado como el segundo país con más órdenes de expulsión emitidas, solo por detrás de Francia. Este incremento forma parte de una estrategia común entre los 27 estados miembros para agilizar los procesos de retorno de personas en situación irregular.
Las cifras muestran un notable aumento en el número de deportaciones ejecutadas en comparación con años anteriores. La cooperación con países de origen y tránsito ha sido clave para facilitar estos retornos, a través de acuerdos bilaterales que buscan agilizar la repatriación de migrantes.
España refuerza su política de deportaciones
España ha endurecido su política migratoria en línea con las directrices de la UE. En los últimos meses, las autoridades han intensificado los procedimientos de identificación y expulsión de personas en situación irregular, especialmente en puntos de entrada clave como Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.
El Ministerio del Interior ha señalado que este incremento en las deportaciones responde a un esfuerzo por mejorar la gestión migratoria y garantizar el cumplimiento de la normativa europea. No obstante, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de garantías en algunos procesos de deportación y por las condiciones en los centros de internamiento para extranjeros (CIE).
El impacto de las deportaciones en la política migratoria
El aumento de las órdenes de expulsión refleja la presión que la UE ejerce sobre sus estados miembros para reforzar los controles fronterizos y reducir la llegada de inmigrantes en situación irregular. En este sentido, España ha implementado nuevas estrategias, como la colaboración con Frontex y la intensificación de acuerdos con terceros países para facilitar los retornos.
A pesar de estas medidas, el fenómeno migratorio sigue siendo un desafío complejo. La falta de vías legales seguras y la continua llegada de migrantes a través del Mediterráneo y el Atlántico hacen que la gestión de la inmigración siga siendo un tema central en el debate político tanto en España como en la UE.
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