En el 68,5 % de los procedimientos judiciales no se ha tenido en cuenta la discapacidad de la persona que ha cometido el delito

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Justicia / Pixabay

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Casi la mitad de los reclusos con discapacidad intelectual
carecían de este certificado cuando cometieron los delitos por los que terminaron en prisión. 

Alrededor de 5.000 reclusos en España tienen alguna discapacidad,
uno de cada 10 presos. 

Sin embargo, estas cifras no se corresponden con los registros de presos con discapacidad reconocida. Además, en prisión se detectan muchos más casos.

Esto supone una vulneración de sus derechos,
pues significa que muchos reclusos pasaron por un juicio sin entender bien lo que sucedía.
Ni comprendían por qué se les juzgaba, ni qué implicaban las penas.
Todos los sistemas de protección social,
educativo, servicios sociales, sanitario, judicial…
fallaron a la hora de detectar y de proteger a estas personas.

Es fundamental que Justicia cuente con instrumentos para entender por ejemplo las sentencias,
pero también las normas de conducta en la cárcel,
los horarios, la posibilidad de pedir permisos o la participación en programas formativos.

Plena Inclusión desarrolla desde hace 25 años
un programa de intervención con presos con discapacidad intelectual.

Este programa está encaminado tanto a la prevención de delitos,
como a la prestación de apoyo en el proceso judicial y en la cárcel,
así como a la posterior ayuda en la reinserción.

El 48,6 % de los reclusos con discapacidad intelectual carecían de este certificado cuando cometieron los delitos por los que terminaron en prisión. Así lo refleja el último informe de la confederación Plena Inclusión España sobre la situación del colectivo con discapacidad en las cárceles españolas.

Unos 5.000 presos en España tienen discapacidad, el 10 % del total

Alrededor de 5.000 reclusos en España tienen alguna discapacidad, lo que representa el 10 % de toda la población privada de libertad. Sin embargo, estas cifras no se corresponden con los registros de presos con discapacidad reconocida. Además, en prisión se detectan muchos más casos.

Para la responsable del departamento jurídico de Plena Inclusión, Inés de Araoz, esto supone "una vulneración de sus derechos", pues significa que muchos reclusos pasaron por un juicio sin entender bien lo que sucedía. "Ni comprendían por qué se les juzgaba, ni qué implicaban las penas", afirmó. Además, el espacio penitenciario debe estar adaptado a sus necesidades, y esto no suele suceder.

De ahí la creación de los Módulos Especiales para personas con discapacidad intelectual de Instituciones Penitenciarias, que pasan de los dos en Estremera y Segovia, a seis: dos en Madrid (uno en el centro de Inserción Social de Alcalá de Henares y otro en una cárcel de mujeres), uno más en la Comunidad Valenciana y otro más en Andalucía.

Todos los sistemas de protección social (educativo, servicios sociales, sanitario, judicial…) fallaron a la hora de detectar y de proteger a estas personas

Como consecuencia de todo ello, “solo en el 31,5 % de los procesos que involucraron a personas con discapacidad intelectual se tuvo en consideración esta circunstancia”, y eso pese a que cierto porcentaje sí es detectado durante el juicio, destaca Inés de Araoz en Servimedia.

Es fundamental que Justicia cuente con instrumentos “para entender por ejemplo las sentencias, pero también las normas de conducta en la cárcel, los horarios, la posibilidad de pedir permisos, la participación en programas formativos, etc.”.

El estudio, cuyos resultados preliminares fueron presentados en junio de 2019, se realizó a partir de 367 reclusos y exreclusos con discapacidad intelectual y el testimonio de 81 trabajadores que atienden a este colectivo en las cárceles españolas.

Crece la tasa de reincidencia entre el colectivo

Asciende al 54 % de estos reclusos, cuando entre la población general oscila entre el 30 y el 35 %. Según De Araoz, un 53,9 % de las personas entrevistadas son drogodependientes y este consumo estaba relacionado con la comisión de los delitos en el 71,2 % de los casos.

“También resulta preocupante” que solo un 27 % de estas personas accede a tratamientos de deshabituación, prosiguió, y el 70 % de ellas “presentan un riesgo alto de volver a consumir” al salir de la cárcel.

En su opinión, “este estudio es la crónica de una reincidencia anunciada”, debida ”a un fracaso de toda la sociedad”.

“Primero se les hace invisibles y luego, cuando salen, nadie los quiere”

Otros datos significativos del colectivo tienen que ver con la alta prevalencia de problemas de salud mental (36,7 %), conductas desafiantes (28 %) y delitos relacionados con la libertad sexual (13 %). Además, muchos proceden de “entornos conflictivos y tienen grandes dificultades de lectura, comprensión, etc.”. Por ello, necesitan una red de apoyos amplia y compleja.

Por otro lado, De Araoz criticó el exceso de medidas privativas de libertad y de estancia en prisión dictadas contra personas con discapacidad intelectual, “cuando se sabe que el medio carcelario resulta muy hostil y desaconsejado” para ellas.

De hecho, el 94 % de las personas entrevistadas cumplen su condena en centros penitenciarios. Además, el 89,5 % tienen una medida de privación de libertad y el 8,5 % cumple una medida de seguridad (privativa o no de libertad). Solo en el 3% de los casos se suspenden o se sustituyen las penas por otras medidas alternativas, declaró De Araoz.

Además, solo un 5,7 % de los reclusos con discapacidad intelectual disfruta de un tercer grado, situación en la que se encuentra el 28,5 % de la población presa general.

El informe subraya, asimismo, que solo el 16,2 % de este colectivo participa en cursos de preparación para el empleo y que, aunque más del 62 % asisten a talleres y cursos, la gran mayoría están relacionados con la discapacidad.

Plena Inclusión desarrolla desde hace 25 años un programa de intervención con presos con discapacidad intelectual

Este programa está encaminado tanto a la prevención de delitos, como a la prestación de apoyo en el proceso judicial y en la cárcel, así como a la posterior ayuda en la reinserción.

En el año 2018, 1.558 personas con discapacidad intelectual participaron en este programa de Plena Inclusión. La mayoría (el 58 %) estaban ya en la cárcel, aunque también hubo población que participó en acciones preventivas para evitar la comisión de delitos y en los planes para el retorno a la sociedad (seguimiento, búsqueda de empleo, formación, etc.)

2020-11-21

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