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Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, una pregunta se ha instalado con fuerza tanto en América Latina como en Washington: ¿qué pretende realmente el presidente estadounidense con Venezuela? Tras su victoria electoral en noviembre de 2024, las expectativas se dividieron entre quienes esperaban el retorno de su política de “máxima presión” contra Nicolás Maduro y quienes creían que esta vez optaría por un enfoque más pragmático, centrado en acuerdos económicos y migratorios.
Durante las primeras semanas del nuevo mandato, el envío de emisarios como Richard Grenell a Caracas sugirió una intención negociadora. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran una clara inflexión: Trump estaría reeditando la línea más dura de su primer gobierno, incluso con la posibilidad de acciones militares limitadas.
De la política exterior con Venezuela a la seguridad nacional
El principal cambio respecto a la etapa anterior radica en el enfoque. Según Carrie Filipetti, exsubsecretaria de Estado para Venezuela y Cuba, la administración actual considera que el problema venezolano ya no es solo un tema de política exterior, sino una cuestión de seguridad nacional.
Trump y su equipo acusan directamente a Nicolás Maduro de liderar redes criminales internacionales, como el llamado cartel de los Soles y la pandilla venezolana Tren de Aragua, señaladas por introducir drogas y fomentar la violencia en territorio estadounidense. En palabras de la fiscal general Pam Bondi, Maduro habría convertido el narcotráfico en un instrumento político.
Aunque expertos y el propio gobierno venezolano niegan que Venezuela sea un actor relevante en la producción o tráfico de fentanilo, en Washington el argumento cala: la narrativa de seguridad nacional explica tanto la retórica agresiva como el notable incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
Migración y crimen organizado: el auge del Tren de Aragua
El aumento de la inmigración venezolana es otro de los factores que impulsa la actual política de Trump. Más de 700.000 venezolanos viven en Estados Unidos bajo estatus migratorios temporales, y dentro de ese flujo, el gobierno estadounidense alega que se han infiltrado miembros del Tren de Aragua (TdA), una banda originada en las cárceles venezolanas y hoy extendida por América y Europa.
Para Trump, el vínculo entre inmigración y seguridad interior es clave. Su administración sostiene que Maduro habría utilizado el éxodo venezolano como un arma política, enviando intencionadamente a delincuentes a territorio estadounidense. Aunque un informe de inteligencia filtrado en mayo desestimó que el gobernante venezolano tenga control real sobre esa organización, la versión oficial de la Casa Blanca no ha variado.
Las deportaciones masivas de migrantes sospechosos de pertenecer al TdA y la designación del grupo como organización terrorista extranjera refuerzan este marco de confrontación. Expertos del FBI han reconocido la presencia de la banda en varios estados, aunque ponen en duda la existencia de una estrategia coordinada para expandirse.
Despliegue militar y posible uso de la fuerza
El punto más alarmante de la nueva política hacia Venezuela es el despliegue militar sin precedentes que Estados Unidos mantiene en el Caribe. En agosto de 2025, Washington movilizó destructores, submarinos nucleares, cazas F‑35 y miles de efectivos con el argumento de fortalecer la lucha antidrogas. Sin embargo, la escala del operativo, combinada con el discurso del gobierno, sugiere objetivos políticos mayores.
Trump no ha descartado recurrir a “ataques de precisión” contra objetivos vinculados al narcotráfico en territorio venezolano. Según Filipetti, el presidente cree que operaciones selectivas pueden disuadir a Maduro y demostrar la “paz a través de la fuerza”. Las recientes incursiones contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales, que dejaron más de veinte muertos, ilustran este cambio estratégico.
Aunque no hay consenso sobre si Washington estaría dispuesto a atacar directamente dentro de Venezuela, la postura actual amplía los márgenes de acción y genera incertidumbre regional. Analistas advierten que un despliegue militar tan costoso difícilmente tenga solo fines disuasorios.
El papel de Edmundo González y las elecciones de 2024
La crisis política venezolana también influye en la agenda estadounidense. Trump y varios aliados reconocen a Edmundo González como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Maduro sin publicar los resultados detallados.
Para Washington, González y María Corina Machado representan la legitimidad democrática venezolana. Esto permite que la administración estadounidense presente su actuación no como un intento de “cambio de régimen”, sino como una defensa de la soberanía popular frente a la usurpación de poder por parte de Maduro.
La desconfianza hacia Maduro y el fin de la diplomacia
Pese a que Trump ha negociado con enemigos históricos como los talibanes o el gobierno iraní, su disposición a dialogar con Maduro parece nula. La principal razón, según Filipetti, es la falta de credibilidad del mandatario venezolano: durante años, ni con Trump ni con Joe Biden demostró voluntad genuina de cumplir acuerdos o liberar a los prisioneros políticos y ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.
Los gestos conciliadores del gobierno anterior, como la liberación de los sobrinos de Cilia Flores o del empresario Alex Saab, lejos de generar avances, fueron interpretados por el entorno de Trump como señales de debilidad.
Hoy, la línea dominante en Washington es la de la “firmeza sin concesiones”. Si bien Trump mantiene su imagen de negociador dispuesto al “gran acuerdo”, Filipetti advierte que Maduro tendría que realizar concesiones significativas para ser tomado en serio. Hasta entonces, las sanciones, los despliegues y la presión diplomática parecen ser el camino elegido.
Un futuro impredecible
La política de Trump hacia Venezuela combina elementos de seguridad nacional, control migratorio y poder militar, conformando una estrategia más integral y agresiva que en su primera presidencia. La presencia de Edmundo González y el aumento de la tensión interna venezolana añaden nuevas variables al tablero.
Por ahora, Washington no ofrece señales de diálogo. En su narrativa, el fin del narcotráfico y la salida de Maduro son objetivos inseparables. Así, entre la posibilidad de un acuerdo improbable y la amenaza latente de una acción militar, el país dirigido por Maduro vuelve a convertirse en escenario de una batalla geopolítica en la que nadie puede prever el próximo movimiento.
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