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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha puesto en valor el rol que desempeñan miles de personas con discapacidad dentro de sus familias, especialmente aquellas que ejercen como abuelos y abuelas. A través de un mensaje reivindicativo, la entidad no solo reconoce su contribución afectiva y social, sino que también exige que se respeten plenamente sus derechos durante la etapa de envejecimiento, de acuerdo con los principios recogidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.
El papel familiar de las personas con discapacidad: una contribución a menudo invisibilizada
COCEMFE recuerda que muchas personas con discapacidad, pese a las barreras físicas, sociales y económicas que persisten en España, sostienen vínculos familiares sólidos y desempeñan tareas esenciales de apoyo emocional y cuidado. En numerosos hogares, estas personas continúan siendo referentes, acompañantes y pilares fundamentales en la educación y atención de sus nietos y nietas.
La organización insiste en que este reconocimiento debe trascender a lo simbólico: es necesario que las Administraciones Públicas garanticen que estos abuelos y abuelas con discapacidad puedan ejercer su papel sin que las limitaciones estructurales y la falta de apoyos frenen su autonomía, participación o calidad de vida.
El Estudio de investigación sobre la situación de las personas con discapacidad desde la perspectiva del envejecimiento, elaborado por COCEMFE, señala que existe una distancia significativa entre la legislación que reconoce el enfoque de derechos y la persistencia de prácticas asistencialistas en los servicios sociales. Según las personas entrevistadas para la investigación, muchos equipamientos continúan operando bajo modelos centrados en la dependencia y no en la autonomía personal, lo que dificulta el ejercicio pleno de derechos durante la vejez.
Este diagnóstico coincide con observaciones realizadas por organismos oficiales como el IMSERSO, que en sus planes estratégicos sobre una vejez activa y saludable advierte de la necesidad de adaptar los servicios públicos a la diversidad funcional y a los procesos específicos de este colectivo.
“El envejecimiento de las personas con discapacidad no puede seguir siendo ignorado”
El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, subraya que el reconocimiento del derecho a un envejecimiento digno debe convertirse en una prioridad social y política. “Las personas con discapacidad deben contar con todos los apoyos, recursos y oportunidades para vivir esta etapa de la vida en plenitud”, afirma.
Queiruga destaca que el envejecimiento es una fase vital que, para muchas personas, puede verse condicionada por años de barreras o falta de accesibilidad acumulada. Por ello, insiste en que las políticas públicas deben contemplar soluciones específicas y adaptadas, algo que la entidad lleva reclamando desde hace años.
Actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria la reforma de las leyes de discapacidad y de autonomía personal, un proceso normativo que podría marcar un cambio relevante para la vida de miles de personas. COCEMFE ha presentado propuestas concretas durante la fase de consulta pública, y celebra que algunas hayan sido incluidas en el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros.
La confederación continúa dialogando con los grupos políticos para que el texto alcance el máximo nivel de garantía de derechos, conforme a lo establecido por Naciones Unidas. Su objetivo es que la nueva normativa consolide un modelo centrado en la accesibilidad universal, la toma de decisiones con apoyo y la igualdad de condiciones en todas las etapas vitales, incluida la vejez.
Romper con el modelo asistencialista: hacia un enfoque basado en apoyos personalizados
Para Queiruga, es imprescindible superar definitivamente el paradigma asistencialista que todavía condiciona muchos servicios. El presidente de COCEMFE insiste en que las políticas deben orientarse hacia la vida independiente y el derecho a recibir apoyos adaptados. “Las personas con discapacidad tenemos derecho a envejecer con dignidad y sin renunciar a nuestra autonomía ni a nuestro rol familiar”, recalca.
Entre los desafíos más urgentes destacan las pensiones insuficientes, la inaccesibilidad de muchos hogares, la falta de asistencia personal, las dificultades de acceso al transporte y la escasez de medidas específicas en los ámbitos de salud y vivienda. Estas carencias, según advierte Queiruga, derivan en situaciones de exclusión social severa para un número significativo de personas mayores con discapacidad.
El estudio de COCEMFE plantea un conjunto de medidas clave para promover un envejecimiento activo e inclusivo. Entre ellas destacan:
- Transversalidad de la discapacidad en todas las políticas sobre esta etapa de la vida.
- Servicios de asistencia personal adaptados a las necesidades de las personas mayores con discapacidad.
- Accesibilidad en viviendas y entornos urbanos, con especial atención al medio rural.
- Mayor acceso a tecnologías de apoyo, recursos comunitarios, servicios de salud y transporte accesible.
- Programas sobre envejecer pero de manera activa, actividades culturales inclusivas y formación digital que reduzca la brecha tecnológica.
Estas propuestas coinciden con recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que identifica la accesibilidad, la participación social y el apoyo comunitario como pilares de esta nueva etapa de la vida.
COCEMFE defiende también que es imprescindible reforzar las políticas preventivas para evitar el deterioro de la salud o la intensificación de discapacidades ya existentes. Esto implica promover entornos accesibles, fomentar la actividad física, mejorar la atención sanitaria adaptada y garantizar una coordinación sociosanitaria eficaz. Tales enfoques están alineados con las directrices de la Estrategia Española de Envejecimiento Activo y con los principios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Como concluye Anxo Queiruga, una sociedad justa es aquella que sitúa en el centro la dignidad de sus miembros y reconoce especialmente a quienes necesitan más apoyos. El envejecimiento con discapacidad, por tanto, debe convertirse en una prioridad política, institucional y comunitaria.
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