Plena Inclusión propone medidas concretas para favorecer la educación inclusiva

La repercusión sobre el ámbito educativo de la pandemia provocada por el COVID-19 también ha tenido una clara incidencia sobre la inclusión educativa y sobre la participación de las personas con discapacidad en todos los niveles académicos.

Ha puesto a prueba a docentes, familias y estudiantes, suponiendo, en muchos casos, un conjunto de dificultades añadidas al proceso de garantizar la equidad y la inclusión en la educación, afectando tanto a las relaciones sociales como a los procesos de aprendizaje en los centros educativos. 

En esta línea, desde Plena Inclusión se ha enviado al Ministerio de Educación y Formación Profesional un plan de medidas y propuestas con las que paliar el efecto negativo generado por la pandemia en el desarrollo educativo de 722.000 estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), y que están matriculados en los centros de enseñanza obligatoria

Con esta realidad, desde la organización nacional que agrupa a 935 asociaciones en toda España ha elaborado una propuesta dirigida al Gobierno de la nación, vinculada a un Plan de Garantía Educativa que atienda las necesidades especiales del alumnado con NEE. Entre ellos 220.208 son estudiantes con discapacidad intelectual o con algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo.

Propuesta de educación inclusiva

El plan que Plena Inclusión ha enviado al Ejecutivo, se enmarca en el proyecto de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Gobierno recientemente, y en el que se dice que la educación constituye la 7ª política palanca, de las diez que vertebran el Plan.

En el texto presentado por el Ejecutivo, se alude al “fortalecimiento de la educación pública y de sus recursos y becas (…) para trabajar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y garantizar la inclusión”, y se compromete a “impulsar planes de digitalización para la educación”.

Plena Inclusión, suma al texto

El objetivo del documento de la organización, que se ha remitido directamente al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, es aportar medidas que garanticen el acceso a los recursos necesarios para el alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo dada la situación de especial vulnerabilidad a la que se enfrenta.

Santiago López, presidente de Plena Inclusión España: “La situación generada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes dificultades que tiene el sistema educativo para asegurar que los 8 millones de estudiantes que están matriculados en la enseñanza obligatoria en España disfruten de las mismas oportunidades, independientemente de sus necesidades y situación”.

Brecha social, económica y por discapacidad

En el documento elaborado desde la organización y enviado ya al Gobierno, se pone de manifiesto que el alumnado con necesidades educativas especiales debe enfrentarse, en mayor grado que la mayoría de sus compañeros y compañeras a la brecha económica, social, tecnológica y que carece de los suficientes apoyos de accesibilidad cognitiva y apoyos personales para ser compensada.

Indica la organización que, “nos encontramos ante un grupo extremadamente vulnerable cuando las clases no son presenciales”. Y añaden que,  “tenemos constancia que la inmensa mayoría del alumnado con NEE ha sufrido una falta de seguimiento y continuidad en tratamientos específicos de logopedia, fisioterapia, psicología, psiquiatría, los cuales son “esenciales” para mantener la evolución y el equilibrio en su proceso educativo”, relata el documento de la organización.

Escuelas ordinarias y centros específicos 

Según la organización, el 83% de este alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo, más de 183.200, está escolarizado en escuelas ordinarias, y el 17% está matriculado en alguno de los 473 centros educativos específicos donde estudian más de 37.000 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Indicar por último que, Plena Inclusión gestiona directamente 232 de estas aulas, lo que supone el 53% del total de las existentes en todo el país.