¿Es la educación obligatoria hasta los 18 años una solución contra la desigualdad?

El sistema educativo es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye la equidad y el progreso de una sociedad. En España, la educación obligatoria se extiende actualmente hasta los 16 años. Sin embargo, un debate recurrente, respaldado por diversas voces expertas, sugiere que prorrogar la educación obligatoria hasta los 18 años podría ser una medida clave para reducir las desigualdades sociales. Esta propuesta, que implicaría un cambio significativo en la estructura educativa, busca ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes, combatir el abandono escolar temprano y garantizar una formación más sólida antes de su plena incorporación al mundo adulto y al mercado laboral.

Analizar los argumentos a favor de esta extensión es crucial para entender su potencial impacto transformador en la vida de los jóvenes y en la cohesión social.

El abandono escolar temprano, una de las principales fuentes de desigualdad

Uno de los mayores desafíos del sistema educativo español es la tasa de abandono escolar temprano (AET). Aunque ha disminuido en los últimos años, sigue siendo superior a la media europea. El AET tiene consecuencias devastadoras para los jóvenes que lo sufren y para la sociedad en su conjunto:

• Limitación de oportunidades: Los jóvenes que abandonan los estudios sin una cualificación sólida se enfrentan a mayores dificultades para acceder a un empleo estable y de calidad, quedando relegados a trabajos precarios y con salarios bajos.
• Brecha social: El AET agrava las desigualdades, ya que afecta de manera desproporcionada a jóvenes de entornos socioeconómicos desfavorecidos. La falta de formación perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión.
• Vulnerabilidad social: Estos jóvenes son más vulnerables a la precariedad, la exclusión social y, en algunos casos, a la delincuencia.
• Impacto económico: Para el país, el AET supone una pérdida de capital humano y una menor productividad a largo plazo.

¿Cómo podría la educación obligatoria hasta los 18 reducir las desigualdades?

La extensión de la educación obligatoria hasta los 18 años, o hasta la obtención de un título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio, podría actuar como un potente mecanismo de reducción de desigualdades de varias maneras:

1. Barrera contra el abandono temprano: Al elevar la edad legal para dejar los estudios, se crea un "colchón" que evita que muchos jóvenes, especialmente aquellos en situaciones vulnerables o con falta de motivación puntual, abandonen prematuramente el sistema educativo. Se les ofrecería más tiempo y oportunidades para encontrar su vocación y alcanzar una cualificación mínima.
2. Mayor cualificación y empleabilidad: Un nivel educativo más alto (Bachillerato o FP de Grado Medio) mejora significativamente las perspectivas de empleo de los jóvenes, permitiéndoles acceder a un abanico más amplio de puestos de trabajo y con mejores condiciones. Esto es especialmente importante en un mercado laboral cada vez más exigente.
3. Desarrollo de habilidades y competencias: Dos años adicionales en el sistema educativo no solo significan más conocimientos, sino también el desarrollo de competencias transversales cruciales: pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, trabajo en equipo, habilidades digitales. Estas son esenciales para el éxito personal y profesional.
4. Igualdad de oportunidades: La medida actuaría como un igualador, asegurando que todos los jóvenes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a un mismo nivel mínimo de formación. Esto contrarrestaría la influencia del entorno familiar en las decisiones educativas tempranas.
5. Madurez y toma de decisiones: A los 16 años, muchos jóvenes aún no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones cruciales sobre su futuro educativo y laboral. Dos años adicionales les darían más tiempo para explorar opciones, recibir orientación y madurar sus elecciones.
6. Reducción del "ni-ni": Al mantener a los jóvenes en el sistema educativo, se reduciría el número de aquellos que ni estudian ni trabajan, un problema social con implicaciones a largo plazo.

Desafíos y consideraciones para su implementación

Si bien los beneficios potenciales son claros, la implementación de una medida de este calado no está exenta de desafíos:

• Adecuación de la oferta educativa: Sería fundamental diseñar itinerarios educativos atractivos y flexibles para estos dos años adicionales, incluyendo más opciones de Formación Profesional, programas de transición al mundo laboral o itinerarios personalizados para jóvenes con dificultades específicas. No se trata solo de "retener" a los alumnos, sino de ofrecerles algo que les resulte relevante y motivador.
• Recursos económicos y humanos: La extensión requeriría una inversión significativa en profesorado, infraestructuras, programas de apoyo y orientación.
• Aceptación social: Sería necesario un debate y un consenso social y político sobre la idoneidad de la medida, explicando sus beneficios y disipando posibles reticencias.
• Apoyo a jóvenes con dificultades: Se necesitarían programas de refuerzo y apoyo psicológico y social para aquellos jóvenes que, a los 16 años, ya tienen un historial de bajo rendimiento o desmotivación.

La experiencia de otros países europeos, donde la educación obligatoria se extiende hasta los 18 años (como Alemania, Francia, Bélgica o Países Bajos), muestra resultados positivos en la reducción del AET y en la mejora de la cualificación de sus jóvenes.

En conclusión, prorrogar la educación obligatoria hasta los 18 años no es solo una reforma educativa; es una apuesta estratégica por la equidad y el futuro de la sociedad. Al garantizar un mayor nivel de formación para todos los jóvenes, se construirán puentes sobre las brechas de desigualdad, ofreciéndoles herramientas para una vida más plena y una inserción laboral digna. Es una inversión que, a largo plazo, beneficia a toda la comunidad.