España sigue liderando la pobreza infantil en la UE con un 29,2 % de menores afectados

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17/10/2025 - 09:07
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España se mantiene, un año más, como el país de la Unión Europea (UE) con la mayor tasa de pobreza infantil, un dato alarmante que no logra revertirse. El 29,2 % de los niños, lo que se traduce en 2,3 millones de menores, se encuentran en una situación de vulnerabilidad estancada desde hace más de 15 años. El último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), 'El Estado de la Pobreza 2025. Pobreza y territorio', advierte de la gravedad de esta persistencia.

El estudio subraya que el desarrollo económico de los últimos años en el país no ha ido de la mano de una mejora en las condiciones de vida de la población más necesitada, afectando de manera desproporcionada a la infancia. Las ayudas sociales, aunque han aumentado, siguen sin ser suficientes para atajar el problema de raíz, especialmente en el ámbito de la pobreza infantil.

La brecha territorial en la pobreza infantil

La infancia sigue siendo "la cara más dura de la desigualdad", liderando España este ranking de pobreza infantil seguida de Bulgaria (28,2 %) y situándose 9,9 puntos por encima de la media europea (19,3 %). La brecha territorial en España es abismal: regiones como Murcia (40,7 %), Andalucía (40,5 %) y Canarias (36,4 %) presentan las tasas más elevadas, mientras que comunidades como Galicia (13,5 %) y País Vasco (15,4 %) mantienen niveles más cercanos al bienestar europeo.

"El hecho de tener hijos en España es un factor de riesgo de empobrecimiento, y es algo que viene demostrándose en todos los informes de una manera clara", afirma Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa. El informe destaca que las prestaciones sociales, aunque han evitado que 11,1 millones de personas cayeran en la pobreza, no han sido plenamente eficaces con las familias con hijos, sugiriendo la necesidad de una mayor focalización. Susías defiende en esta línea una prestación universal por hijo que, asegura, actuaría de forma inmediata en la reducción de la pobreza infantil.

Más pobreza, más intensa y extensa

En términos generales, el informe AROPE (que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social) se situó en el 25,8 % en 2024, afectando a 12,5 millones de personas. Aunque es la cifra más baja desde 2014, el país lleva una década sin lograr bajar del 25 %. El panorama es aún más preocupante en la pobreza severa, que ya alcanza al 8,4 % de la población (4,1 millones de personas), sobreviviendo con menos de 644 euros al mes.

"Lo que nos dice esto es que, a pesar del crecimiento económico, las personas en mayor situación de vulnerabilidad son las que menos han notado ese desarrollo", explica Susías. El alza de la inflación se come los ingresos de las familias con rentas más bajas, haciendo la pobreza infantil más intensa y extensa.

La vivienda y el código postal, motores de desigualdad

Además de la crianza, hay otros dos grandes factores de empobrecimiento: la vivienda y el código postal. El estudio dedica un capítulo a cómo el aumento del alquiler (casi un 40 % en diez años) y de los suministros está llevando a muchas familias nominalmente fuera de la pobreza a una situación real de empobrecimiento. Zonas como Baleares, Canarias, Madrid y Cataluña concentran un mayor porcentaje de población con un gasto elevado en vivienda.

La desigualdad territorial es la más acentuada, con 20 puntos de diferencia en la tasa AROPE entre la comunidad con menor pobreza (País Vasco, 14,8 %) y la que más tiene (Andalucía, 35,6 %). Los datos, además, revelan que los indicadores macroeconómicos, como el PIB o la creación de empleo, no siempre implican una mejora proporcional en la reducción de la vulnerabilidad infantilo la pobreza general, como se ve en Madrid o Canarias.

Ante el estancamiento de la pobreza infantil y la pobreza en general, la EAPN-ES exige la aprobación del Pacto de Estado contra la Pobreza, actualmente "parado" en el Congreso. Reclaman medidas que garanticen "ingresos dignos", una prestación por crianza, acceso a vivienda digna y la mejora de los sistemas de conciliación y cuidados.

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