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La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha emitido un comunicado con el objetivo de arrojar luz sobre las obligaciones económicas del arrendatario y los gastos repercutibles inquilino según la legislación vigente. Esta aclaración se produce en un momento delicado para el sector, marcado por una reciente propuesta de sanción de 3,6 millones de euros a otra empresa por supuestas prácticas abusivas hacia los inquilinos.
SEAG, que opera bajo un modelo de garantía financiera y jurídica para el propietario, busca desvincularse de las prácticas de gestión e intermediación que han sido objeto de escrutinio. La compañía enfatiza que su servicio es una garantía independiente que protege al arrendador frente a los gastos repercutibles inquilino, hasta la efectiva recuperación del inmueble, sin intervenir en la relación contractual directa entre el propietario y el inquilino.
“No gestionamos contratos ni actuamos como agencia. Nuestra misión es garantizar al arrendador la tranquilidad económica y legal durante todo el alquiler, respetando plenamente los derechos del inquilino”, explica Pedro Bretón, CEO de SEAG.
¿Qué dice la LAU sobre los costes? Los límites de los gastos repercutibles inquilino
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la normativa de protección al consumidor son claras respecto a qué costes puede asumir el arrendatario. La regla general establece que los honorarios de intermediación, los seguros vinculados directamente al contrato (como el de impago) o los servicios de gestión no pueden ser trasladados al inquilino, a menos que estos servicios hayan sido solicitados expresamente por él o le reporten un beneficio directo e individualizable. De no ser así, la obligación de sufragar estos costes recae sobre el propietario o la empresa intermediaria.
La principal fuente de conflicto y duda se centra en el seguro de impago del alquiler. Aunque la LAU permite al arrendador solicitar garantías adicionales, no especifica quién debe abonar dicho seguro. Sin embargo, la postura de SEAG y diversos estudios jurídicos es firme: consideran nulas aquellas cláusulas que obligan al inquilino a pagar este tipo de seguros. Argumentan que, dado que el beneficiario exclusivo es el arrendador, obligar al arrendatario a costearlo vulnera el principio de equilibrio contractual.
Un juzgado de Madrid sentó jurisprudencia al respecto, declarando abusiva y, por ende, nula, una cláusula que imponía al inquilino la obligación de sufragar un seguro que solo protegía al propietario.
Transparencia y el verdadero coste de la garantía
“El mercado del alquiler necesita transparencia y equilibrio. Los propietarios deben saber qué contratan y los inquilinos qué derechos tienen. En SEAG trabajamos para que ambas partes estén protegidas, sin trasladar al arrendatario costes que no le corresponden”, añade Bretón.
De hecho, SEAG siempre ha recomendado que sean los propietarios quienes abonen sus garantías, incluso cuando la normativa permitía exigirlas al inquilino. Esta política se fundamenta en una visión práctica y de protección efectiva.
“Si el inquilino atraviesa una situación que le impide pagar el alquiler, será inviable que asuma también el coste del seguro o sus renovaciones. En ese caso, el propietario quedaría descubierto, lo cual es precisamente lo que queremos evitar con nuestro modelo de garantía”, explican desde la compañía. Para SEAG, este coste debe ser asumido por quien recibe el beneficio directo, evitando que se añadan indebidamente a los gastos repercutibles inquilino.
En este contexto de búsqueda de confianza y rigor jurídico, la compañía subraya la importancia de diferenciar entre un servicio de gestión tradicional y un seguro de garantía de alquiler independiente. La clave es la claridad sobre los gastos repercutibles inquilino y la evitación de cláusulas abusivas. El objetivo final es doble: proteger jurídicamente al propietario y asegurar el respeto de los derechos del arrendatario, dejando claro qué son y qué no son gastos repercutibles inquilino según la ley.
La Sociedad Española de Alquiler Garantizado reitera su compromiso con un sector de alquiler transparente, donde los gastos repercutibles inquilino se ajusten estrictamente a la legislación.
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