El Gobierno refuerza la igualdad de oportunidades en el empleo público para personas con discapacidad

Los Ministerios de Función Pública y de Derechos Sociales han aprobado una nueva orden ministerial que introduce mejoras significativas en la adaptación de las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades en los procesos Entre las novedades más destacadas se encuentran la posibilidad de disponer de más tiempo para realizar los ejercicios, la autorización del uso sin restricciones de prótesis como audífonos y la presencia de perros de asistencia durante toda la prueba. Además, se asegura el acceso a ayudas técnicas, apoyos humanos y productos adaptados que faciliten la participación de los aspirantes en el empleo público.

Compromiso con la accesibilidad en el empleo público

La orden también contempla que las pruebas de acceso al empleo público deberán desarrollarse en entornos accesibles, tanto físicos como virtuales, y que toda la información y comunicación del proceso selectivo deberá ser plenamente accesible.

Esta medida complementa otras acciones ya adoptadas por el Ejecutivo, como el aumento de la cuota de reserva de plazas para personas con discapacidad del 7 % al 10 % y la puesta en marcha de unidades de inclusión laboral en cada ministerio, encargadas de velar por la accesibilidad, la salud laboral y el correcto desempeño profesional de los empleados públicos con discapacidad en el ámbito del empleo público.

Las adaptaciones de medios humanos podrán incluir la asignación de un asistente personal para la persona con discapacidad, así como personal especializado en accesibilidad para personas sordas, con discapacidad auditiva o sordoceguera, siempre que esté regulado normativamente. También se contempla la participación de otro tipo de personal de apoyo, siempre que cuente con un marco legal específico que regule su actuación.

Derechos y apoyos garantizados durante el proceso selectivo

Durante las pruebas y a lo largo de todo el proceso de selección, las personas con discapacidad tendrán derecho a utilizar sin restricciones los productos de apoyo, órtesis o prótesis —incluidas las auditivas— que usen de forma habitual por su condición y que puedan acreditar debidamente. Asimismo, se garantizará su derecho a acceder acompañadas de su perro de asistencia, en las condiciones fijadas por el Real Decreto 409/2025, y a mantenerlo junto a ellas durante todo el proceso selectivo.

Estas medidas estarán destinadas a personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %. También podrán solicitarlas quienes, sin tener dicho reconocimiento oficial, puedan demostrar formalmente una necesidad de apoyo, conforme a los medios legalmente aceptados. En estos casos, se podrán pedir únicamente las adaptaciones de medios y ajustes razonables correspondientes.

En un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta orden, y tras consultar al Consejo Nacional de la Discapacidad, la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública aprobará un Manual general de adaptaciones. Este documento proporcionará orientaciones, información y asesoramiento, además de recomendaciones detalladas para asegurar una participación equitativa de los aspirantes.

Una norma fruto del consenso institucional

Para la elaboración de esta orden, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, se ha contado con la participación de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, la Abogacía del Estado, la Comisión Superior de Personal, el Consejo Nacional de la Discapacidad y diversos departamentos ministeriales. La propuesta ha sido impulsada por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, junto con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

“El empleo público debe ser un motor de dignidad y oportunidades. Continuamos avanzando hacia una España más inclusiva, con una administración pública digital, humanista y que no deje a nadie atrás”, declaró Óscar López.

Por su parte, Pablo Bustinduy expresó que “esta norma nace con el objetivo de aumentar la presencia de personas con discapacidad en el empleo público, eliminando las barreras y desigualdades en los procesos selectivos, y enriqueciendo nuestras administraciones con su talento y diversidad”.