El CERMI urge a la Seguridad Social a regular la compatibilidad entre empleo e incapacidad permanente contributiva

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a desarrollar una nueva regulación que aclare la compatibilidad entre la pensión por incapacidad permanente contributiva y la posibilidad de realizar una actividad laboral. Esta petición responde a la creciente preocupación entre las personas con discapacidad que reciben esta prestación, quienes enfrentan incertidumbre jurídica al querer acceder o continuar en el mercado laboral.

Actualmente, existe una falta de normativa específica que regule de forma clara y unificada los casos en los que una persona beneficiaria de una pensión por incapacidad permanente puede trabajar, en qué condiciones y con qué limitaciones. Esto provoca inseguridad tanto en las personas afectadas como en las empresas que desean contratarlas.

CERMI reclama una normativa clara sobre trabajo e incapacidad permanente

Esta norma legal, además de las cuestiones sustantivas que regula tanto en materia laboral como de Seguridad Social, contiene, en su disposición final tercera, apartado 2, un mandato al Gobierno para que “en el plazo de seis meses y en el marco del diálogo social, el Gobierno presente “una propuesta de modificación de la normativa en materia de Seguridad Social sobre incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo, siguiendo el espíritu y las recomendaciones del Pacto de Toledo”.

Este emplazamiento legal, es de "especial trascendencia" para el Movimiento Cermi, pues señala que la reforma normativa ordenada debe aclarar una cuestión (compatibilidad entre trabajo y pensión de incapacidad permanente en su modalidad contributiva) por mucho tiempo oscura y confusa, buscando erigir una nueva regulación basada en el equilibrio, la flexibilidad y el favorecimiento del interés general, que permita al trabajador en situación de incapacidad laboral permanente continuar, si así lo desea, en la actividad laboral, manteniendo la prestación de Seguridad Social, debidamente modulada.

Todo, a juicio del CERMI, buscando que el mayor número de trabajadores queden laboralmente activos sin pérdida de la prestación social, conciliando de modo armónico dos aspectos que en nuestra legislación vigente están ahora en férrea, injustificada y pugnaz oposición.

Por ello, el CERMI ya se está trabajando esta materia y cuenta con algunas ideas, cristalizadas en una serie de propuestas, que se desea presentar al Gobierno y aportar al debate que debe abrirse para preparar la modificación normativa a que emplaza la Ley 2/2025.

Una reforma pendiente con impacto social y laboral

Desde el CERMI se considera urgente que la Seguridad Social avance en esta reforma normativa. Según la organización, la situación actual penaliza el acceso al empleo de personas con discapacidad que, aun teniendo reconocida una incapacidad permanente, están en condiciones de desempeñar ciertas tareas laborales. Esta ambigüedad legal puede desincentivar la inclusión laboral de este colectivo y afectar negativamente a su autonomía económica.

Además, la falta de criterios claros puede llevar a situaciones de inseguridad jurídica, donde trabajar pueda poner en peligro la pensión, incluso en casos donde la actividad laboral no contradice el diagnóstico médico. Por eso, el CERMI propone que la reforma recoja las diferentes tipologías de incapacidad y establezca condiciones objetivas para su compatibilidad con el empleo, asegurando la protección social de las personas con discapacidad sin obstaculizar su participación laboral.

Más empleo inclusivo y menos barreras burocráticas

El comité también recuerda que la normativa debe adecuarse a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008. Esta convención defiende el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con el resto, sin discriminación ni pérdida de beneficios sociales por ejercer este derecho.

En este sentido, el CERMI propone la creación de un marco normativo que promueva activamente el empleo inclusivo, contemple ajustes razonables en el entorno laboral y reduzca los obstáculos administrativos para compatibilizar el trabajo con la pensión por incapacidad permanente. La reforma, sostienen, no solo mejoraría la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que también impulsaría la sostenibilidad del sistema de protección social a largo plazo.