El Informe de Progreso 2022 pone de manifiesto la accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad

El Informe de Progreso pone de relieve el papel de las diferentes instituciones y actores en el cumplimiento de la Agenda 2030 en España, gracias a la generación de alianzas que han constituido un compromiso ético para un desarrollo sostenible e inclusivo.

Este informe tiene como objetivo rendir cuentas a nivel internacional de las actuaciones impulsadas por el gobierno de España y por los diferentes actores, así como reflejar los progresos alcanzados en el desempeño del Plan de Acción. 

Conocer el estado de situación de la implementación de la Agenda 2030 permite no solo medir los avances logrados, sino también, y más importante, identificar en qué áreas persisten retrasos y cuáles deben ser los aspectos que han de corregirse para poder avanzar. 

Por eso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) analizó en un documento los contenidos de discapacidad del 'Informe de Progreso de 2022 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030'.

Esto es lo que dice sobre discapacidad el Informe de Progreso de 2022

En cuanto a sus contenidos, el Informe de Progreso: La implementación de la Agenda 2030 de España está estructurado en cuatro puntos:

• El primero describe el refuerzo institucional de la gobernanza de la Agenda 2030 en España;
• el segundo rinde cuentas de la acción del Gobierno de España a nivel de políticas públicas llevadas a cabo en 12 meses;
• el tercero aborda el progreso desde la perspectiva de la “localización de los ODS”, presentando las Comunidades Autónomas y las entidades locales (a través de la Federación Española de Municipios y Provincias) sus propios avances en la implementación de la Agenda 2030;
• y el cuarto se centra en el avance de los actores no gubernamentales y la sociedad civil.

Asimismo, muestra los retos que como país debemos afrontar y poner en marcha para caminar hacia el desarrollo inclusivo, en materia de pobreza y desigualdad, emergencia climática y ambiental, desigualdad de género y discriminación, ineficiencias del sistema económico, precariedad laboral, servicios públicos, injusticia y amenazas a los derechos humanos y medio rural y reto demográfico.

Ley 4/2022, de 25 de febrero

En cuanto al ámbito de la defensa de los derechos de las personas consumidoras se reflejan progresos con la con la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Entre sus medidas, se pondrá en marcha un etiquetado en braille.

A esto hay que sumarle otros formatos que garanticen la accesibilidad para personas ciegas o con discapacidad visual.

Ley 11/2018, de 28 de diciembre

En materia de información no financiera y diversidad. Esta norma, entre otros puntos, favorece la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal en este ámbito.

Además, en el informe se destaca los desafíos de la situación salarial, la situación laboral y el empleo en España. También recoge las medidas puestas en marcha para reducir la precariedad laboral.

Finalmente, el informe pide revertir la crisis de los servicios públicos y para ello identifica como áreas prioritarias de actuación los servicios sociales, la atención a la dependencia y a la discapacidad, sanidad, educación, protección integral de la infancia; administración pública; acceso a la justicia y a la protección de la violencia y hacienda pública. También se ven avances en la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

A lo largo del documento, se mencionan algunas contribuciones de las Comunidades Autónomas y las Ciudades autónomas en el ámbito de la discapacidad vinculadas con los diferentes retos.