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Las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) deben cumplir una serie de obligaciones con la Administración, de acuerdo a la propia idiosincrasia de esta prestación de la Seguridad Social. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones puede derivar en la suspensión o retirada del derecho a seguir percibiendo el IMV.
Así, desde la Seguridad Social recuerdan que «el Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas».
Ingreso Mínimo Vital: ¿qué es y a quién va dirigido?
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica gestionada por la Seguridad Social, destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Desde su puesta en marcha en 2020, ha sido una herramienta clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en España. En 2025, esta ayuda seguirá activa, pero los beneficiarios deben tener en cuenta una serie de obligaciones específicas para seguir recibiéndola.
El IMV no es una ayuda incondicional, sino que implica una corresponsabilidad por parte de quienes la reciben. El objetivo es no solo proporcionar apoyo económico, sino también facilitar la inclusión social y laboral.
Obligaciones clave de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en 2025
A partir del próximo año, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tendrán que cumplir con varias obligaciones importantes. Entre ellas se encuentran:
- Declarar correctamente los ingresos y patrimonio anualmente, incluso si no están obligados a presentar declaración de la renta.
- Informar de cualquier cambio de situación personal o económica, como una nueva convivencia, un empleo, una herencia, o un cambio de residencia.
- Participar en itinerarios de inclusión social o laboral si así lo solicita la administración.
- Mantener la residencia legal y efectiva en España, con al menos un año de antigüedad, salvo excepciones como víctimas de violencia de género o trata.
- Colaborar con los servicios sociales y aceptar, si es requerido, acompañamiento personalizado para mejorar su situación laboral o social.
El incumplimiento de estas condiciones puede suponer la suspensión o extinción del derecho a la ayuda.
La Seguridad Social reforzará el seguimiento en 2025
Para garantizar el buen uso de esta prestación, el Ministerio de Inclusión ha anunciado que intensificará los controles de verificación, utilizando herramientas de cruce de datos con Hacienda, el SEPE y otras administraciones públicas. Además, se premiará a quienes participen activamente en programas de formación, inserción o búsqueda de empleo, con incentivos que complementen el Ingreso Mínimo Vital.
El objetivo no es solo vigilar, sino impulsar la autonomía de los beneficiarios, promoviendo su inclusión en el mercado laboral y su integración plena en la sociedad.
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