30.000 personas firman contra la nueva "Ley Falcón" de Secretos Oficiales

La modernización de la Ley de Secretos Oficiales, una norma que data del franquismo (1968), es una de las asignaturas pendientes más longevas de la democracia española. Sin embargo, el último intento de reforma, impulsado por el Gobierno y bautizado críticamente por sus detractores como la "Ley Falcón", lejos de generar consenso, ha provocado una contundente respuesta de la sociedad civil. Más de 30.000 personas han estampado su firma en una petición que exige la paralización de una ley que, según denuncian, amenaza con perpetuar la opacidad y suponer un retroceso histórico para el derecho a la información.

Esta movilización, impulsada por organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), no es una simple queja, sino una enmienda a la totalidad de un modelo que, bajo el pretexto de la seguridad nacional, podría estar diseñando un traje a medida para la ocultación de información sensible a la ciudadanía.

El muro del silencio: ¿qué propone la polémica "Ley Falcón"?

El anteproyecto de ley, aunque busca sustituir una norma preconstitucional, ha sido duramente criticado por mantener e incluso reforzar algunos de los aspectos más problemáticos del secretismo oficial. Las principales alarmas se han encendido en torno a varios puntos clave:

• Plazos de desclasificación casi ilimitados: La propuesta establece diferentes categorías de secreto ("alto secreto", "secreto", "confidencial"), con plazos de desclasificación que pueden llegar a los 50 años, prorrogables. En la práctica, esto podría significar que cierta información permanezca oculta durante generaciones, impidiendo el escrutinio de hechos históricos cruciales o de posibles abusos de poder.
• Una definición ambigua de "secreto": La ley otorga un margen muy amplio al Gobierno para decidir qué información debe ser clasificada. La vaguedad de los criterios para declarar un asunto como "secreto de Estado" podría permitir que se oculte información no por motivos de seguridad, sino para evitar el coste político de un escándalo.
• Falta de un órgano de control independiente: A diferencia de otras democracias, la propuesta no contempla la creación de una autoridad verdaderamente independiente que supervise las decisiones de clasificación y desclasificación. El poder para decidir qué se sabe y qué no, seguiría residiendo casi en exclusiva en el propio Gobierno.
• Sanciones para las filtraciones: Se mantiene un régimen sancionador que podría tener un efecto disuasorio sobre los funcionarios que quisieran denunciar irregularidades y, de forma indirecta, sobre los periodistas que las publiquen.

La voz de la sociedad civil supone una amenaza al periodismo y al derecho a saber

Para las más de 30.000 personas y las organizaciones que respaldan la petición, la Ley Falcón no es una simple actualización, sino una amenaza directa a los pilares de la transparencia.

El periodismo de investigación, que depende del acceso a fuentes y documentos para poder fiscalizar al poder, sería uno de los grandes perjudicados. Unos plazos de desclasificación tan largos hacen inviable investigar hechos del pasado reciente, consolidando una cultura de opacidad en asuntos de gran interés público, desde casos de corrupción hasta la implicación de España en conflictos internacionales.

Pero la amenaza va más allá de la prensa. Afecta al derecho fundamental de todo ciudadano a saber cómo actúan sus gobernantes. "Una democracia sana no puede tener miedo a su propio pasado", argumentan desde la PDLI. "Ocultar información durante medio siglo no protege al Estado, protege a los gobiernos de su responsabilidad ante la historia y ante sus ciudadanos".

Transparencia vs. Seguridad Nacional: el falso dilema

El argumento recurrente para justificar este tipo de leyes como la Ley Falcón es la necesidad de proteger la seguridad nacional. Nadie niega que ciertos asuntos (operaciones militares, lucha antiterrorista, relaciones diplomáticas sensibles) requieran un grado de confidencialidad. Sin embargo, los críticos sostienen que la "Ley Falcón" utiliza este pretexto para crear un sistema desequilibrado, donde la balanza se inclina de forma desproporcionada hacia el secreto, en detrimento de la transparencia.

Otras democracias occidentales han encontrado un equilibrio mucho más razonable. En Estados Unidos o el Reino Unido, los plazos de desclasificación son, por lo general, mucho más cortos (en torno a los 20-25 años) y sus sistemas cuentan con autoridades independientes que revisan las decisiones del gobierno.

La masiva recogida de firmas es un mensaje claro al poder legislativo: la sociedad española de 2025 ya no acepta una ley de secretos (Ley Falcón) digna de la Guerra Fría. Exige una norma moderna, garantista y que entienda que la mayor fortaleza de una democracia no reside en lo que oculta, sino en su capacidad para rendir cuentas ante sus ciudadanos.