España aprueba la primera Ley Integral contra la violencia vicaria

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Integral contra la violencia vicaria, una norma que marca un antes y un después en la lucha contra esta forma de violencia de género. La nueva legislación define y tipifica este delito en el Código Penal, reconoce a sus víctimas, refuerza la protección de los menores y personas dependientes, y limita la difusión de contenidos que puedan revictimizar.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó tras el Consejo de Ministros que se trata de una propuesta “pionera” en España y Europa, que busca dar respuesta a un grave problema social con medidas de prevención, atención y reparación.

¿Qué es la violencia vicaria?

La futura ley introduce en el marco jurídico español una definición precisa de este tipo de violencia. Se entenderá por violencia vicaria aquella ejercida sobre los hijos, descendientes, ascendientes, hermanos, tutelados o parejas actuales o anteriores de una mujer, con el fin de provocarle un daño directo.

De esta forma, no se limita solo al ámbito de la pareja o expareja, sino que reconoce la amplitud de formas en las que este tipo de violencia puede manifestarse.

Reforma del Código Penal: un nuevo delito autónomo

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un nuevo artículo, el 173 bis, en el Código Penal. Allí se tipifica la violencia vicaria como delito contra la integridad moral, con penas que irán de seis meses a tres años de prisión.

Además, se establece un “agravante” de género, lo que permitirá sanciones acumuladas en caso de concurrir con otros delitos. La inclusión de este tipo penal supone que la violencia vicaria deja de estar subsumida en otros marcos legales y pasa a reconocerse con entidad propia.

El anteproyecto incorpora una pena accesoria dentro del artículo 70 del Código Penal: la prohibición de difundir textos, imágenes o mensajes vinculados al delito. Esta medida se inspira en polémicas como la publicación del libro El odio, que narraba el caso de José Bretón.

La decisión final sobre aplicar esta medida recaerá en el juez, pero con ella se pretende evitar que la exposición mediática genere un sufrimiento añadido para las víctimas y sus familiares.

Cambios en el Código Civil: más voz para los menores

La norma también reforma artículos clave del Código Civil. El artículo 92.6 establecerá la obligación de escuchar a los hijos menores, y también a las personas con discapacidad, antes de decidir sobre la custodia. El objetivo es garantizar que los menores sean tenidos en cuenta en procesos de especial sensibilidad.

Asimismo, el artículo 94 se modificará para reforzar la fundamentación judicial al otorgar regímenes de visitas o comunicación cuando exista un proceso penal en curso por violencia de género o doméstica. Con esta medida, se pretende reforzar la protección infantil y evitar situaciones de riesgo como las vividas en casos mediáticos, entre ellos el de Juana Rivas.

El anteproyecto amplía también la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluyendo de forma explícita la exposición de los menores a violencia vicaria como indicador de riesgo.

En paralelo, se agilizan los procesos relativos a la patria potestad: el artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se modifica para que este tipo de procedimientos se tramiten de manera más rápida a través de juicio verbal, y puedan acumularse a acciones de divorcio o medidas provisionales.

Formación obligatoria para jueces y operadores jurídicos

Otra de las novedades será la inclusión de la violencia vicaria en los programas de formación judicial. El anteproyecto contempla que jueces, fiscales y otros operadores jurídicos reciban formación obligatoria en esta materia, tanto en pruebas de ingreso y promoción como en programas de formación continua.

Según el Gobierno, esta medida responde a una carencia del sistema, ya que la falta de conocimiento específico había dificultado hasta ahora una respuesta más eficaz.

Más allá de los cambios legales, la norma incluye planes de sensibilización social y campañas de información. Se prevé, además, un sistema de seguimiento para evaluar la aplicación de las medidas, con el objetivo de garantizar que las víctimas reciban protección real y efectiva.

Una ley con proyección europea

La ministra Ana Redondo subrayó que esta ley contra la violencia vicaria no solo supone un avance para España, sino que se convertirá en un referente en Europa. La norma busca ofrecer soluciones integrales frente a una violencia que ha tenido consecuencias devastadoras en casos recientes y que hasta ahora no contaba con un marco específico.

Con este anteproyecto comienza ahora la tramitación parlamentaria, en la que se debatirán y votarán las distintas medidas. El Ejecutivo confía en que la norma salga adelante con un amplio respaldo, dada la urgencia y el impacto social del problema que aborda.