La voz de las mujeres con discapacidad resuena en el Parlamento Canario

El Parlamento de Canarias acogió ayer una sesión sin precedentes: el primer Parlamento Canario de Mujeres con Discapacidad. Un total de 70 mujeres de todas las islas del Archipiélago, convocadas por Cermi Canarias, se dieron cita en la Cámara regional con un objetivo común: alzar la voz y visibilizar la realidad de un colectivo históricamente silenciado y relegado.

Durante el encuentro, estas mujeres leyeron un manifiesto que reflejó la complejidad y profundidad de las discriminaciones que enfrentan en su día a día. La declaración puso de manifiesto que no solo se enfrentan a barreras por razón de su discapacidad, sino también por ser mujeres, madres, mayores, jóvenes, por su procedencia o por vivir en entornos rurales o aislados.

Discriminación múltiple: una realidad diaria para las mujeres con discapacidad

En el documento leído, se denunció que muchas veces viven en un sistema que las “ignora, infantiliza o priva de tomar decisiones”. Reclamaron igualdad, justicia y dignidad, señalando las enormes dificultades que experimentan en el acceso al empleo, a servicios básicos y a ayudas públicas. También hicieron hincapié en que, debido a su condición, sufren mayores tasas de violencia de género.

El manifiesto expuso con contundencia que las mujeres con discapacidad suelen encontrar barreras tanto físicas como sociales a la hora de denunciar abusos. Entre estas se encuentran la inaccesibilidad de edificios judiciales, la falta de intérpretes, la escasez de documentación comprensible y una falta general de credibilidad por parte del entorno. “Nadie nos escucha ni nos cree”, lamentaron.

Violencia estructural y sexualidad negada

Las ponentes no dudaron en hablar de la violencia machista, muchas veces normalizada o invisibilizada. Afirmaron que hay mujeres que han adquirido su discapacidad como consecuencia directa de agresiones violentas. Otras sufren violencia en el hogar, en centros institucionales o por parte de quienes deberían cuidarlas.

Además, denunciaron que su derecho a decidir sobre su propio cuerpo ha sido sistemáticamente vulnerado. Muchas no reciben información accesible sobre salud sexual o métodos anticonceptivos y, en numerosos casos, han sido sometidas a esterilizaciones forzadas sin consentimiento. Reivindicaron su derecho a ejercer la maternidad, vivir su sexualidad sin prejuicios y recibir atención médica adecuada y respetuosa.

La accesibilidad es una deuda pendiente

Uno de los puntos más reiterados fue la falta de accesibilidad en los medios de comunicación, en edificios públicos, en transportes y en los procesos administrativos. Reclamaron que la accesibilidad universal no solo debe contemplar la movilidad física, sino también la comprensión de la información. “No podemos entender lo que dicen los periódicos, la televisión o internet porque no se utiliza lenguaje fácil ni formatos accesibles”, señalaron.

Este grito colectivo no fue solo una denuncia, sino también una exigencia de transformación: vivir con libertad, respeto e independencia. Para ello, subrayaron que la ley de promoción de la autonomía personal debe ser una herramienta eficaz, pero necesita ser acompañada de voluntad política y acciones concretas.

Compromisos institucionales

La presidenta de Cermi Canarias, Carmen Laucirica, subrayó que las mujeres con discapacidad se enfrentan a una doble e incluso triple discriminación, especialmente cuando también son madres. Aseguró que son ciudadanas con plenos derechos y las animó a continuar luchando por ellos.

Por su parte, Astrid Pérez, presidenta del Parlamento, mostró su preocupación por las dificultades que enfrentan estas mujeres para acceder a servicios de apoyo adaptados. Reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia de género y recordó que la mitad de las mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia machista. Además de los obstáculos arquitectónicos, Pérez señaló la falta de empatía social como una barrera igual de grave.

Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad, fue clara: “No hay democracia real sin inclusión”. Denunció que las mujeres en situación de vulnerabilidad, como las mayores o las que tienen discapacidad, siguen excluidas del acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la justicia.

La sordera y el limbo administrativo

La jornada también abordó otra problemática: el retraso en el reconocimiento del grado de discapacidad, especialmente en personas sordas o con discapacidad auditiva. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas (Fasican) expuso ante la Diputada del Común que se sienten atrapadas en un “limbo administrativo” que vulnera sus derechos. Kevin Danilo Pérez, presidente de la organización, denunció que los procesos de valoración no están adaptados ni el personal está capacitado para atender adecuadamente a estas personas.

Esta demora prolongada genera exclusión, desigualdad y pérdida de oportunidades, añadió. La falta de accesibilidad en la administración pública representa otra barrera que se suma a la discriminación estructural que ya viven las mujeres con discapacidad en Canarias.

Un paso adelante, muchos por recorrer

El Parlamento Canario fue escenario de una jornada histórica, pero también de una reivindicación firme y clara. Las mujeres con discapacidad del Archipiélago no solo pidieron ser escuchadas: exigieron vivir en igualdad, con dignidad y libertad. El acto dejó en evidencia que, aunque se han logrado avances, queda mucho camino por recorrer. La inclusión real solo será posible cuando se derriben todas las barreras, visibles e invisibles, que siguen marginando a este colectivo.