El Gobierno impulsa la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas pese a la falta de apoyos

El Consejo de Ministros aprobó, en segunda vuelta, la esperada reforma del Estatuto de los Trabajadores que contempla la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales. Con esta decisión, el proyecto de ley se remitirá oficialmente al Congreso de los Diputados. Sin embargo, el camino parlamentario no será sencillo: el Ejecutivo necesita el respaldo de partidos como Junts o el PP, cuyas posturas actuales se oponen frontalmente a la medida.

Retrasos y tensiones internas por la reducción de la jornada laboral

Aunque la norma ya recibió el visto bueno inicial en febrero, su regreso al Consejo se ha visto demorado por la complejidad de las negociaciones políticas. Fuentes del Gobierno admiten que las conversaciones con distintos grupos parlamentarios se han estado llevando a cabo desde hace semanas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había anunciado su aprobación en la semana del Primero de Mayo, pero el apagón informático sufrido por la Administración el pasado lunes obligó a posponerla unos días más.

Falta de consenso político y social

El texto actual de reducción de la jornada laboral no cuenta con suficiente respaldo parlamentario. Ni Junts ni el Partido Popular han mostrado disposición a apoyarlo, argumentando que puede resultar perjudicial para el empleo y la competitividad empresarial. En paralelo, los sindicatos CCOO y UGT han advertido que saldrán a la calle si la reforma queda bloqueada, mientras que la CEOE ha manifestado su intención de dialogar con aquellos dispuestos a escuchar su rechazo a la medida tal como está planteada.

Esta iniciativa de la reducción de la jornada laboral proviene del pacto entre PSOE y Sumar, que incluía una reducción paulatina de la jornada laboral: a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025. No obstante, Díaz optó por omitir el primer tramo para ganar tiempo en las negociaciones con empresarios y sindicatos.

Tras 11 meses de contactos, no se logró un acuerdo con la CEOE ni con Cepyme. La patronal defiende que la reducción de jornada laboral debe abordarse sector a sector mediante la negociación colectiva y no con una imposición general.

Las diferencias no se limitan al diálogo social. En el seno del Gobierno también han surgido fricciones. El Ministerio de Economía, sin oponerse directamente a la medida, insistió en que debía contemplarse el impacto en las pymes y en el tejido productivo. Por su parte, Díaz reclamó cumplir el pacto de coalición y urgió a aprobar la reforma cuanto antes, incluso mediante el procedimiento de urgencia.

Negociaciones parlamentarias abiertas

Finalmente, el texto de la reducción de la jornada laboral fue aprobado conforme a lo pactado con los sindicatos. Aun así, desde el Ejecutivo reconocen que podrían introducirse modificaciones durante su tramitación parlamentaria para sumar apoyos.

La ministra de Trabajo ha dejado claro que la intención es mantener el espíritu del acuerdo, pero no se descartan ajustes si son necesarios para asegurar la viabilidad legislativa.