Europa reactiva su minería: ¿solución estratégica o amenaza ambiental?

Europa se enfrenta a un dilema histórico: recuperar su capacidad para la minería tras más de 40 años de declive. La aprobación en 2023 de la Critical Raw Materials Act ha marcado un antes y un después. Esta ambiciosa regulación fija como objetivo que el 10% de las materias primas críticas sean extraídas dentro de la UE, el 40 % procesadas y el 25 % recicladas, lo que busca reducir la dependencia del exterior y garantizar el suministro necesario para la transición energética y digital.

Como primera medida concreta, en 2024 se han anunciado 47 proyectos estratégicos de minería seleccionados para recibir apoyo preferente, siete de ellos situados en España. Esto podría significar un fuerte impulso para una industria que, pese a su cuestionada reputación ambiental, se vuelve indispensable ante los desafíos globales.

La minería, una demanda sin precedentes: ¿De dónde saldrán los recursos?

Todos los productos que definen la vida moderna, desde los coches eléctricos hasta los paneles solares y los trenes, requieren metales como litio, níquel, cobre, grafito o aluminio. Estas materias primas son llamadas críticas por su papel esencial en el nuevo modelo energético, en la digitalización y en la autonomía estratégica de Europa frente a potencias como China y EEUU.

El problema: mientras Europa consume el 20 % de estos materiales, apenas produce el 6 %, dependiendo en gran medida de China. Además, según datos del Plan de acción sobre materias primas minerales 2025-2029 del Miteco, la extracción global de minerales se duplicará de aquí a 2060, impulsada por el aumento de población y de consumo per cápita.

El desafío es titánico: se calcula que la transición energética requerirá 3.000 millones de toneladas de metales y minerales. Aunque eso supone 1.500 millones menos que mantener el actual sistema basado en fósiles, el volumen sigue siendo colosal.

España en el tablero: oportunidades y viejos temores

En este nuevo contexto, España aparece como uno de los países con mayor potencial minero. Actualmente existen más de 2.600 explotaciones que generan más de 30.000 empleos directos, con una producción valorada en más de 4.300 millones de euros anuales. No obstante, la mayor parte de esta actividad está relacionada con materiales de construcción como pizarra o mármol, por lo que se necesitarán nuevas minas para cubrir la creciente demanda de metales críticos.

Manuel Regueiro, del CSIC, anticipa un renacimiento del sector similar al de los años 60, pero con una diferencia crucial: hoy las regulaciones ambientales son mucho más estrictas. Las nuevas explotaciones deben presentar estudios de impacto ambiental y planes de restauración, y enfrentan una fiscalización mucho más intensa. No es posible dejar atrás minas abandonadas como en el pasado.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos este auge de la minería. Investigadores como Marta Conde (ICTA-UAB) o Mariana Walter (IBEI) advierten de los riesgos sociales y ecológicos de estos proyectos. La rotura de balsas de residuos, el aumento del coste de vida en zonas rurales, el desplazamiento de comunidades y la falta de transparencia en la selección de proyectos están alimentando una creciente resistencia.

Casos concretos como el de Abenójar (Ciudad Real), donde una mina de wolframio ha sido bien acogida, contrastan con otros como el de la monacita en la misma región, donde la oposición ha sido frontal. Este contraste pone en evidencia que la aceptación social no está garantizada, especialmente si las comunidades locales no participan desde el principio.

La carrera por la financiación y la burocracia

Otro obstáculo clave en la minería es el financiero. Abrir una mina nueva en Europa puede tardar más de 15 años, debido a la complejidad administrativa. La falta de experiencia europea en financiar proyectos greenfield obliga a buscar capital en mercados como Toronto o Sídney, con ayuda de fondos de inversión o capital riesgo. Además, el acceso al crédito bancario sigue siendo escaso por los altos riesgos asociados.

A esto se suma la lentitud de los procesos administrativos. La competencia entre departamentos autonómicos de minería y medio ambiente, sumada a la normativa europea, hace que la llamada “permisología” sea uno de los cuellos de botella más difíciles de resolver.

¿Actividad minera verde o ficción regulatoria?

Pese a las promesas de sostenibilidad, las organizaciones ecologistas siguen mostrando escepticismo. Denuncian que muchas empresas priorizan la rentabilidad frente a la protección ambiental y que la supervisión estatal es débil. Además, alertan sobre la creciente militarización de la economía europea, ya que muchos de estos materiales también se destinan a usos bélicos.

Por su parte, el Gobierno defiende una “minería diferente”, con visión integral y enfoque circular. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, destaca la apuesta por la trazabilidad, el reciclaje y la restauración ecológica, pero el reto sigue siendo traducir estos principios en prácticas concretas.

A medida que Europa se adentra en una transformación sin precedentes, crece el debate sobre los límites del desarrollo. ¿Qué coste ambiental y social estamos dispuestos a aceptar para garantizar el acceso a las materias primas críticas? ¿Es posible una minería verdaderamente sostenible, o simplemente estamos trasladando los problemas de otros continentes al nuestro?

La necesidad de metales es innegable, pero también lo es el dilema ético. Como resume la investigadora Walter, “hay que reflexionar sobre qué materiales se necesitan, cómo se obtienen, y a qué estamos dispuestos a renunciar para lograrlo”. El futuro minero de Europa depende de esa respuesta.