El Tribunal de Cuentas pone en duda los avales de la Generalitat

El aval concedido por la Generalitat a los 34 excargos del Gobierno catalán encausados por el Tribunal de Cuentas amenaza con desplegar un nuevo frente judicial vinculado al procés. El primer paso lo ha dado este miércoles la Fiscalía, que abrió diligencias de investigación para averiguar si ha habido delito en la concesión de un aval por parte del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para que los afectados cubran los 5,4 millones de fianza que les ha impuesto el órgano fiscalizador del Estado.

La Fiscalía investiga el aval de la Generalitat a los encausados por el Tribunal de Cuentas

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas que impuso una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat, Esperanza García, tiene “dudas” sobre la “suficiencia y legalidad” de avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y por eso ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.

Ese informe tendrá que aclarar si esta institución pública puede amparar responsabilidades contables por dolor o culpa grave, en nombre de la propia administración autonómica perjudicada.

Tras ese informe, la instructora deberá decidir si los acepta o empieza a emitir órdenes de embargo para los líderes independentistas que deberían hacer frente al pago de la fianza, entre los que están Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas.

El Instituto Catalán de Finanzas ha presentado 29 avales que están respaldados por dinero público

Por el momento, el Tribunal de Cuentas prefiere contar con el informe de los servicios jurídicos del Estado antes de dar por afianzadas todas las cantidades o de rechazar los avales. Cinco de los líderes independentistas han presentado avales personales al margen de los del ICF.

Estas fianzas son medidas cautelares, por lo que, hasta que no haya una sentencia firme, los afectados no perderían la titularidad de los bienes en caso de ser condenados. En total, el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones a 34 ex altos cargos por conceptos concretos que aprobaron mientras ejercían sus responsabilidades públicas.

El Tribunal de Cuentas reclama mayores cantidades a Albert Royo, exsecretario del Diplocat (3,6 millones); Mireia Vidal, exinterventora de la Generalitat (3,1 millones); Frances Homs, exconseller de Presidencia (2,9 millones); Artur Mas, expresidente de la Generalitat (2,8 millones); y Andreu Mas-Colell, exconseller de Economía, al que reclama 2,7 millones.

Las diligencias se ciñen solamente a la junta de gobierno del ICF

El órgano que la semana pasada aprobó el mecanismo del aval en una votación muy dividida y solo dos días después de que tres de sus miembros independientes presentaran la dimisión.

El partido naranja también había incluido en su denuncia a tres miembros del Govern: el presidente Pere Aragonès, el consejero de Economía Jaume Giró y la consejera de Presidencia Laura Vilagrà.

La Fiscalía, sin embargo, ha ordenado que esa parte se archive porque ya existe un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impulsado por Vox.

La Generalitat tomó la determinación de avalar directamente a los 34 ex altos cargos cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera el plazo dado por el Tribunal de Cuentas para presentar las fianzas. Giró había asegurado, en rueda de prensa, que el Govern no recurriría al ICF para no poner en riesgo a los funcionarios. Solo un día después, y tras no hallar una salida en el sistema bancario, rectificó.