Las Zonas de Bajas Emisiones en España ya superan los 100.000 campos de fútbol

La lucha contra la contaminación del aire, ese enemigo invisible pero letal que planea sobre nuestras ciudades, ha entrado en una fase decisiva en España. La herramienta clave para esta batalla es una que ya forma parte del paisaje urbano de millones de ciudadanos: las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Lo que comenzó como una experiencia piloto en Madrid y Barcelona se ha convertido en una obligación legal para todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Hoy, ya son más de 200 las ciudades que han implementado o están en proceso de adaptar estas áreas que restringen el acceso a los vehículos más contaminantes.

Esta transformación masiva, impulsada por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, no es una medida cosmética. La superficie total acotada por estas zonas ya supera los 700 kilómetros cuadrados, un área colosal que, para visualizarla, equivaldría a más de 100.000 campos de fútbol. El objetivo es ambicioso y doble: por un lado, reducir drásticamente los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂), un contaminante directamente ligado al tráfico y con graves efectos sobre la salud respiratoria; por otro, acelerar la transición hacia un modelo de movilidad urbana más sostenible, limpio y saludable.

El ABC de las ZBE: cómo funcionan y a quién afectan

El funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones se basa en un principio simple: discriminar positivamente a los vehículos menos contaminantes. Para ello, se utiliza el sistema de distintivos ambientales de la DGT, que clasifica a los coches en función de su tecnología y nivel de emisiones.

• Vehículos con acceso libre: Aquellos con etiquetas CERO (eléctricos e híbridos enchufables), ECO (híbridos y gas) y, generalmente, C y B (gasolina y diésel más modernos) pueden circular y aparcar en estas zonas, aunque a veces con ciertas regulaciones.
• Vehículos restringidos: El foco de la restricción son los vehículos sin etiqueta ambiental (categoría A), que son los más antiguos y contaminantes (gasolina anteriores al año 2001 y diésel anteriores a 2006). Estos coches tienen el acceso prohibido o severamente limitado, especialmente durante el día.

Ciudades como Madrid y Barcelona han sido las pioneras y cuentan con los sistemas más consolidados y restrictivos, controlados por una densa red de cámaras que leen las matrículas y sancionan automáticamente a los infractores. Otras grandes capitales como Valencia, Sevilla o Zaragoza han implementado sus Zonas de Bajas Emisiones de forma más progresiva, a menudo con periodos informativos antes de empezar a multar. El resto de municipios obligados se encuentran en diferentes fases de diseño y despliegue, adaptando la medida a su propia realidad urbana.

Aire más limpio y ciudades más saludables

El objetivo principal de las Zonas de Bajas Emisiones es proteger la salud pública, y la evidencia científica sobre su eficacia es cada vez más sólida. Diversos estudios, tanto en España como en otras ciudades europeas, han demostrado que la implementación de estas zonas tiene un impacto directo y positivo en la calidad del aire.

Se ha constatado que, en las áreas restringidas, los niveles de NO₂ pueden llegar a reducirse hasta un 30 %. Esta no es una cifra abstracta; se traduce directamente en una menor incidencia de enfermedades respiratorias, como el asma infantil, y una disminución de los ingresos hospitalarios por problemas cardiovasculares.

Más allá de la salud, las Zonas de Bajas Emisiones actúan como un catalizador para un cambio de modelo. Incentivan la renovación del parque automovilístico hacia vehículos más limpios, fomentan el uso del transporte público, promueven la movilidad activa (bicicleta y desplazamientos a pie) y liberan espacio público que antes estaba dominado por el coche, contribuyendo a crear entornos urbanos más amables y silenciosos.

Los retos sociales y económicos de la implementación

A pesar de sus beneficios evidentes, la expansión de las Zonas de Bajas Emisiones no ha estado exenta de controversias y desafíos.

• La brecha social: La principal crítica se centra en el impacto sobre los ciudadanos con menos recursos económicos. Son ellos quienes, a menudo, poseen los vehículos más antiguos y contaminantes, y quienes tienen más dificultades para afrontar la compra de un coche nuevo. Para que la ZBE no se convierta en una medida que excluya a los más vulnerables, es fundamental que vaya acompañada de ayudas y subvenciones potentes para la renovación del vehículo y de una inversión decidida en un transporte público asequible y eficiente que ofrezca una alternativa real.
• Resistencia política y lentitud: En algunos municipios, la implementación ha estado marcada por la tibieza política o incluso por intentos de revertir las medidas, generando incertidumbre y retrasando sus beneficios.
• Desafíos técnicos: El despliegue de un sistema de control eficaz, con cámaras y un software de gestión de sanciones, supone una inversión tecnológica importante que no todos los ayuntamientos pueden asumir con la misma celeridad.

En definitiva, las Zonas de Bajas Emisiones han llegado para quedarse. Son una herramienta fundamental e ineludible para cumplir con los objetivos de calidad del aire marcados por la Unión Europea y para avanzar hacia las ciudades del futuro: urbes más limpias, más saludables y centradas en las personas, no en los coches. El reto ahora es asegurar que esta transición sea justa y no deje a nadie atrás.