Aborto en España: 40 años, un derecho con barreras persistentes

Hace cuatro décadas, la realidad para miles de mujeres en España que necesitaban interrumpir un embarazo no deseado estaba marcada por el riesgo, la clandestinidad y la desesperación. El 2025 marca el cuadragésimo aniversario de un hito crucial: la despenalización del aborto en España en 1985. Este fue el primer paso fundamental para sacar el aborto de la ilegalidad y convertirlo, con el tiempo, en un derecho reconocido. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos y sociales de estas cuatro décadas, el camino no ha sido llano. La interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un derecho aún con barreras, enfrentándose a desafíos como la objeción de conciencia masiva de profesionales sanitarios y las desigualdades territoriales que comprometen su acceso efectivo.

Analizar la evolución de este derecho, las leyes clave que lo han configurado y los obstáculos actuales nos permite comprender que, aunque se ha avanzado mucho, la lucha por un acceso pleno y equitativo sigue siendo una tarea pendiente en la medicina moderna española.

De la clandestinidad al primer marco legal (1985)

Durante el franquismo, el aborto estaba completamente penalizado en España, lo que empujaba a las mujeres a recurrir a prácticas clandestinas, a menudo en condiciones insalubres y peligrosas, con graves consecuencias para su salud y, en ocasiones, su vida.

La llegada de la democracia y el esfuerzo de los movimientos feministas y progresistas culminaron en la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. Esta ley despenalizó esta práctica en tres supuestos concretos:

1. Riesgo grave para la salud física o psíquica de la embarazada.
2. Violación.
3. Malformaciones o graves taras en el feto.

Fue un avance histórico, que sacó a miles de mujeres de la clandestinidad, pero mantenía una lógica de "supuestos", es decir, no era un derecho de la mujer, sino una excepción a la ilegalidad bajo ciertas circunstancias.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (2010)

El verdadero cambio de paradigma llegó con la Ley Orgánica 2/2010, impulsada por el gobierno socialista. Esta ley:

• Un derecho: Permitió que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo de forma libre durante las primeras 14 semanas de gestación, sin necesidad de justificar ningún supuesto. El foco se puso en la autonomía y la capacidad de decisión de la mujer.
• Plazos: Estableció plazos específicos (14 semanas para decisión libre, y hasta 22 semanas en casos de riesgo para la salud o anomalías fetales graves).
• Acceso en la sanidad pública: Consagró la realización de la interrupción del embarazo en centros sanitarios públicos o concertados.

Esta ley fue un hito que equiparó a España con gran parte de los países europeos y colocó a la mujer en el centro de la decisión sobre su propio cuerpo y su maternidad.

Las barreras persistentes: 40 años después

A pesar de la sólida base legal, el acceso al aborto en España sigue enfrentando importantes obstáculos, que demuestran que el derecho sobre el papel no siempre se traduce en una realidad plena y equitativa:

1. La objeción de conciencia: Es, con diferencia, la barrera más significativa. Un número elevado y desproporcionado de profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, anestesistas) en el sistema público de salud se declara objetor de conciencia. Esto provoca que en muchas provincias, especialmente en el interior o en comunidades con gobiernos más conservadores, prácticamente no se realicen abortos en la sanidad pública, obligando a las mujeres a desplazarse a otras comunidades o a clínicas privadas concertadas.
   • Impacto: Retrasos en el proceso, estrés adicional, mayores costes (desplazamiento) y una sensación de abandono por parte del sistema público.
   • Respuesta legal: La Ley de 2010 y su reforma posterior establecen que la objeción debe ser individual y manifestada por escrito, y que los servicios de salud deben garantizar el acceso al derecho. Sin embargo, la gestión de los registros de objetores y la planificación para cubrir el servicio sigue siendo deficiente.
2. Desigualdades territoriales: La objeción de conciencia se traduce en una "lotería geográfica". El acceso a esta práctica depende en gran medida de la provincia o comunidad autónoma en la que resida la mujer. Mientras en algunas se realiza casi en su totalidad en la sanidad pública, en otras es residual y las mujeres son derivadas sistemáticamente a clínicas privadas.
3. Estigma social y presión: A pesar del avance social, esta práctica sigue siendo un tema estigmatizado. Esto puede generar presiones sociales, familiares y personales sobre las mujeres, dificultando su decisión y su acceso al servicio.
4. Falta de información y educación sexual: Una educación sexual deficiente puede llevar a embarazos no deseados y a un desconocimiento de los derechos y opciones disponibles.
5. Persecución y acoso: Grupos anti-abortistas siguen acosando a mujeres y personal sanitario a las puertas de las clínicas, lo que genera miedo y dificulta el acceso. Afortunadamente, se han aprobado leyes para proteger la privacidad de las mujeres en las inmediaciones de las clínicas.

Reformas recientes y el camino a seguir

La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley de 2010, ha buscado precisamente blindar este derecho y eliminar algunas de las barreras persistentes:

• Garantía del acceso en la pública: Obliga a las comunidades autónomas a asegurar el acceso al aborto en la sanidad pública, pudiendo recurrir a profesionales de otras comunidades si es necesario.
• Creación de un registro de objetores: Para una gestión más transparente y efectiva.
• Eliminación del permiso parental: Las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin necesidad de consentimiento paterno.
• Baja laboral por reglas dolorosas: Una medida que, aunque indirecta, refuerza la salud sexual y reproductiva de la mujer.

Cuarenta años después de su despenalización, el aborto en España ha recorrido un largo camino, transformándose de un acto clandestino y peligroso en un derecho fundamental para la autonomía de las mujeres. Sin embargo, la persistencia de barreras como la objeción de conciencia y las desigualdades territoriales demuestran que la plena efectividad de este derecho aún está en construcción. La lucha por un acceso universal, equitativo y sin estigmas es un compromiso continuo con la salud sexual y reproductiva y los derechos de la mujer.

España ha avanzado, pero el cuadragésimo aniversario es un recordatorio de que la vigilia por los derechos conquistados nunca termina, y que es necesario seguir trabajando para que el derecho al aborto sea una realidad plena para todas las mujeres, en todo el territorio.