Organizaciones sociales y partidos exigen al Congreso medidas contra la discriminación en el acceso a la vivienda

El Congreso de los Diputados recibió una Proposición No de Ley (PNL) promovida por varias organizaciones sociales que luchan por los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La iniciativa fue registrada por entidades como la Asociación Rumiñahui, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Provivienda y Red Acoge. Además, la propuesta cuenta con el respaldo de 50 colectivos de la sociedad civil y de los grupos parlamentarios Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Podemos y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), este último en el Grupo Mixto.

El objetivo principal de esta PNL es instar al Gobierno a que adopte un papel activo para frenar lo que consideran una creciente discriminación hacia personas migrantes y refugiadas en el acceso a la vivienda.

La Federación CECU emitió un comunicado explicando la gravedad de la situación, en el que se denuncia que esta exclusión habitacional no solo persiste, sino que se ha agudizado en los últimos tiempos.

Una discriminación que agrava la vulnerabilidad

Las entidades firmantes aseguran que muchas personas migrantes solo encuentran acceso a la vivienda a través del subarriendo de habitaciones, lo que las expone a situaciones legales precarias y abusos contractuales. Además, resaltan que esta forma de acceso precaria lleva a condiciones de hacinamiento, poniendo en riesgo la salud y la dignidad de las personas afectadas.

Esta exclusión no solo afecta a la vivienda en sí, sino que tiene un efecto dominó sobre otros derechos fundamentales, como el acceso a la sanidad o a la educación, debido a las dificultades para empadronarse en una dirección estable. Este obstáculo administrativo puede impedir el ejercicio pleno de derechos básicos.

Las organizaciones recuerdan que la discriminación en el acceso a la vivienda está expresamente prohibida por la Constitución Española, así como por leyes como la Ley por el Derecho de Acceso a la Vivienda y la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Sin embargo, lamentan que no existe una política pública coherente ni mecanismos de control eficaces que garanticen el cumplimiento de estas normas.

Por ello, reclaman que se aplique de forma efectiva la Ley 15/2022, especialmente en casos en que particulares o empresas inmobiliarias impidan el acceso a la vivienda por motivos de origen racial o étnico. Una de las medidas clave que proponen es la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que aún no ha sido dotada de estructura ni presupuesto suficiente.

Propuestas concretas para un acceso equitativo

Entre las principales demandas contra la discriminación se incluye la incorporación de medidas inclusivas en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029. Estas deben ir acompañadas de la financiación adecuada para asegurar que todas las personas, independientemente de su origen, puedan acceder a una vivienda digna en condiciones de igualdad.

También proponen regular los requisitos y documentación necesarios para alquilar o comprar una vivienda, con el fin de eliminar obstáculos discriminatorios. Además, solicitan el desarrollo de programas de alquiler asequible con mediación y asesoría jurídica gratuita, y mecanismos de financiación que permitan a otras administraciones implementar políticas similares.

Supervisión, denuncia y recopilación de datos

La vigilancia efectiva del mercado inmobiliario y el fortalecimiento de la capacidad sancionadora son otros de los pilares de la propuesta. Las entidades creen que solo a través de sanciones ejemplares se podrá disuadir a quienes perpetúan prácticas discriminatorias.

Asimismo, demandan el establecimiento de procedimientos de denuncia que sean accesibles, seguros y eficaces, así como la asignación de asistencia legal gratuita a las víctimas. Finalmente, consideran crucial fomentar la recopilación de datos sobre discriminación en el acceso a la vivienda, para que se puedan elaborar informes que sirvan como base para futuras políticas públicas