CERMI insta a la ONU a incluir a las personas con discapacidad en la gestión de emergencias y las infraestructuras

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elevado una propuesta formal ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El objetivo: que la ONU adopte un documento oficial que oriente a los Estados en la gestión de emergencias naturales y sociales desde una perspectiva inclusiva con las personas con discapacidad, poniendo especial énfasis en el impacto de las infraestructuras.

Esta iniciativa surge en respuesta a una consulta pública lanzada por el Alto Comisionado, cuyo propósito es recabar aportaciones que permitan elaborar un estudio internacional sobre infraestructuras inclusivas. El documento abarcará ámbitos clave como la vivienda, el transporte y los entornos construidos, en relación con los derechos de las personas con discapacidad.

La brecha entre la ley y la práctica en España

En su respuesta, el CERMI ha realizado un análisis exhaustivo de la situación legal y normativa de España, revisando tanto las disposiciones estatales como las autonómicas y locales en materia de accesibilidad e inclusión en infraestructuras. El diagnóstico revela una preocupante realidad: existe una gran distancia entre las leyes y su aplicación efectiva.

Aunque el marco normativo español contempla principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, el CERMI subraya que muchas de estas normativas no se cumplen adecuadamente en la práctica. Así lo reflejan los informes anuales sobre derechos humanos y discapacidad que el propio Comité elabora desde 2008, en el ejercicio de su rol como mecanismo oficial de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Emergencias y discapacidad: una combinación desatendida

Uno de los aspectos más destacados en la contribución del CERMI es la falta de planificación inclusiva en la gestión de emergencias. El documento dedica un capítulo específico a este asunto, poniendo como ejemplo los efectos devastadores que tuvieron las inundaciones catastróficas en la provincia de Valencia en octubre de 2024. Según el Comité, estos eventos expusieron las carencias estructurales en la atención a personas con discapacidad durante situaciones de crisis.

En muchos casos, la falta de accesibilidad de las infraestructuras impidió una evacuación segura, el acceso a refugios o a información esencial sobre los riesgos. También se vieron afectadas las comunicaciones, los transportes adaptados y los recursos comunitarios. Estas deficiencias que surgen cuando se dan emergencias, afirma el CERMI, podrían evitarse si se integraran estándares inclusivos desde la fase de planificación de infraestructuras y servicios públicos.

Una propuesta concreta para la ONU

Ante este panorama, el CERMI propone a Naciones Unidas la elaboración y adopción de un documento oficial de directrices internacionales que oriente a los países en el diseño de estrategias de gestión de emergencias que contemplen específicamente las necesidades de las personas con discapacidad. La propuesta va más allá del ámbito técnico: apunta a garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de este grupo de población en momentos de crisis.

Estas directrices para casos de emergencias deberían establecer principios claros sobre accesibilidad en refugios, sistemas de alerta temprana, transporte de emergencia, comunicación accesible, así como la participación activa de las personas con discapacidad en la elaboración de los planes de emergencia a todos los niveles.

Infraestructura inclusiva: clave para la resiliencia social

El CERMI destaca que las infraestructuras son elementos centrales no solo en la vida cotidiana, sino también en la capacidad de las sociedades para responder de forma adecuada y equitativa a desastres y crisis sociales. Una infraestructura que no contempla la diversidad funcional de la ciudadanía se convierte en una barrera que incrementa el riesgo y la vulnerabilidad.

Por eso, el documento enviado a la ONU incluye propuestas concretas para que los planes urbanísticos, las redes de transporte, los servicios de emergencia y la vivienda social respondan a criterios de accesibilidad universal. El objetivo es construir comunidades más resilientes y cohesionadas, donde todas las personas puedan afrontar en igualdad de condiciones las adversidades.

Una cuestión de derechos humanos

El llamamiento del CERMI se fundamenta en el principio de que la inclusión de las personas con discapacidad no es un lujo ni una opción, sino una exigencia legal y moral derivada de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.

En este sentido, la organización confía en que la ONU acoja su propuesta y lidere la creación de un marco común que guíe a los Estados hacia modelos de gestión de emergencias más inclusivos y eficaces. Porque garantizar la seguridad y dignidad de todos, sin excepción, es la única forma legítima de afrontar los desafíos de un mundo cada vez más expuesto a crisis naturales, sanitarias y sociales.