El Congreso debate un Real Decreto que regulará las subastas y precio de la energía

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Molinos de energía eólica de Acciona

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El Gobierno declara de utilidad pública los puntos de recarga de alta capacidad
y establece medidas para reducir el déficit eléctrico.

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este miércoles 15 de julio
la aprobación del real decreto ley por el que se establece una batería de medidas
para favorecer la implantación de fuentes renovables en el país en los próximos años
que incluyen exigencias de plazos para evitar movimientos especulativos con las autorizaciones
y un nuevo sistema de subastas.

Hace unas semanas, tal y como anunció GNDiario, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley que recogía una serie de medidas para favorecer, "de forma ordenada y rápida", la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable "y favorecer la reactivación económica".

Esta norma impulsada desde el Gobierno se sujeta sobre cuatro pilares. Uno de ellos pretende regular el acceso y conexión de nueva potencia a la red, debido a que este suele ser un motivo de tensión por las motivaciones de algunas empresas en cuanto a la producción y precio de la energía, se argumenta desde el Gobierno. Hay demanda para proyectos eólicos y solares por valor de 430.000 megavatios de potencia de generación pidiendo acceso y conexión a red.

Desde el Gobierno de Sánchez se cree que, un 60% de los 430.000 no tiene proyecto detrás. Según hemos indicado, el interés de muchas empresas es especular con el precio y por ello llega esta regulación. Determinadas empresas solo quieren el permiso de acceso para luego especular con él. Esto llevaría a una inflación de precios, que perjudicará de ser así, al cliente final, tú y yo.

Regulación de precios

La atracción por la producción de energía es alta, y según advierte el Gobierno, existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW), y hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%.

Para evitar que se pueda especular con la energía y su precio, este Real Decreto-Ley indica una serie de pautas administrativas sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado el primer permiso. Si no se cumplen estas pautas, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos.

También se regula las comunidades de energía renovable para favorecer la transición ecológica. Estas comunidades permiten a los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Las subastas de energía y la polémica en el sector

Este nuevo sistema de subastas establece que la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Por ello, los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otras variables.

Este Real Decreto en el que se regula el nuevo régimen económico de los productores de energías renovables que sean asignados como adjudicatarios de capacidad a través de las subastas que llegarán en este año para lograr los objetivos de la Agenda 2030, que persigue entre otras cuestiones la descarbonización.

La norma en forma de real decreto ha alarmado a las comercializadoras (tanto independientes como a las tradicionales. También a los consumidores industriales, que han señalado la medida como “una vuelta a los precios regulados”, “al menos, para una parte de la energía del sistema”, matizaron.

Además de regular el mecanismo (el producto a subastar será la potencia, la energía producida o una combinación de ambas; la variable será el precio en euros MWh y se hará mediante sobre cerrado), el Real Decreto revoluciona la vía por la que las renovables cobrarán las subvenciones derivadas del nuevo régimen económico, señala una nota del Ejecutivo.

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