10/09/2020 - 17:03
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La esterilización forzosa es considerada por el movimiento CERMI Mujeres cómo "una práctica gravemente atentatoria contra los derechos humanos de las personas con discapacidad".
La iniciativa legislativa para erradicar del ordenamiento jurídico español este mecanismo, fue presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos hace unos meses ante el Senado.
Esta proposición de ley fue tomada en consideración por una amplia mayoría de la Cámara Alta, ya que su admisión a trámite fue aprobada prácticamente por unanimidad. Solo los dos representantes de Vox votaron en contra, mientras que el de Teruel Existe decidió abstenerse.
¿Qué sabemos de la esterilización forzosa?
Es una práctica que se ha llevado a cabo en muchas personas con discapacidad, especialmente en niñas y mujeres con discapacidad mayoritariamente intelectual y psicosocial.
Con esta acción estamos vulnerando y dejamos de tener en cuenta los derechos más fundamentales de estas personas: los derechos a la libertad, el respeto y la integridad personal.
El Comité Español de Representación de las personas con discapacidad (CERMI) indica en un informe al respecto que, actualmente se reconoce globalmente que “la esterilización forzosa constituye un acto de violencia, una forma de control social, y una vulneración documentada del derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En 1997 se publicó el Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad, que ofrecía recomendaciones para la transversalización de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
Tiempo después, en 2011, se publicó el segundo Manifiesto sobre la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad.
En 2020, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados constituirá la ponencia encargada de debatir e informar la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de esta técnica no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
¿Qué dice la Convención de Naciones Unidas sobre la esterilización forzosa?
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de Naciones Unidas reconoce el valor de las contribuciones que realizan las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades.
La promoción del pleno disfrute de sus derechos humanos, y de su plena participación en todos los ámbitos de la vida, impulsará su sentimiento de pertenencia y conllevará avances significativos en el desarrollo humano, social y económico de la sociedad.
Expertos en Derechos Humanos argumentan que sobre la práctica forzosa España debe acomodar la legislación a los mandatos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad y al Convenio de Estambul. Ambos tratados han sido ratificados por nuestro país.
La esterilización forzosa vista desde Plena Inclusión
Desde Plena inclusión España celebra que por fin el Parlamento haya iniciado el proceso para eliminar del Código Penal el supuesto que permitía esta técnica involuntaria o forzada de las personas con discapacidad, en su mayoría mujeres con discapacidad intelectual, por autorización judicial.
De esta manera, desde las entidades que velan por las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral, aplauden este paso en el Congreso, indicando que se trata de “una conquista que llega tras la lucha de años del movimiento de las personas con discapacidad con el CERMI Mujeres a la cabeza”.
“La abolición de la esterilización forzada supone “restaurar un derecho fundamental que se ha violado durante demasiado tiempo”, indica Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena inclusión. “Miles de mujeres hemos sido privadas de nuestros derechos reproductivos con el consentimiento de los poderes del Estado. La justicia debe ser igual para todas sin importar la discapacidad o capacidades que tengas”.
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