Exclusión digital en Reino Unido por aplicar la IA en la seguridad social

Amnistía Internacional ha lanzado una advertencia contundente: las personas con discapacidad, quienes viven en la pobreza y aquellas que enfrentan problemas graves de salud están atrapadas en un limbo burocrático. ¿La razón? Una exclusión digital derivada de la implantación descontrolada de tecnologías por parte del Ministerio de Trabajo y Pensiones (DWP, por sus siglas en inglés).

El informe titulado “Too Much Technology, Not Enough Empathy” expone cómo el uso excesivo de herramientas digitales y sistemas de inteligencia artificial (IA) en procesos clave, como la gestión del Crédito Universal y la Prestación de Independencia Personal, ha creado un sistema inaccesible para los más vulnerables en Reino Unido.

Una digitalización que crea exclusión digital para los más frágiles

Según la investigación, muchas de las personas que dependen de prestaciones sociales carecen de acceso a Internet, dispositivos adecuados o competencias digitales. A esta realidad se suman las barreras lingüísticas y la saturación de los canales telefónicos, por lo que la exclusión digital agrava la brecha entre los solicitantes y el sistema.

“La obsesión del Ministerio por reducir costes es la raíz de esta problemática. Mientras recorta ayudas, invierte en tecnologías experimentales destinadas a vigilar a los beneficiarios”, señaló Imogen Richmond-Bishop, investigadora de Amnistía Internacional.

Un sistema que deshumaniza

El proceso digitalizado para solicitar ayudas, lejos de aliviar cargas, ha incrementado la presión sobre quienes ya luchan por cubrir necesidades básicas. El informe describe esta situación de exclusión digital como una “tormenta perfecta”: años de austeridad, recortes en la seguridad social y ahora, la introducción de herramientas tecnológicas que no consideran las realidades humanas.

“Ya sabes, tener algo de compasión, que los formularios sean más accesibles y facilitar las cosas”, relató una solicitante entrevistada. “Me envían cartas al teléfono. No puedo abrirlas. No tengo un iPad. No me puedo comprar un iPad, ¿sabes?”.

La investigación sobre la exclusión digital alerta sobre un problema crítico: los sistemas automatizados y el uso de IA pueden generar errores graves en la evaluación de solicitudes debido a algoritmos sesgados o discriminatorios. Estos fallos no son simples inconvenientes; afectan la posibilidad de recibir ayuda esencial.

Factores como estado de salud, condiciones de vida o nivel educativo suelen quedar fuera del radar de estas herramientas automatizadas, lo que amplía la exclusión digital y social a la par.

Privacidad y dignidad bajo amenaza

Más allá de la accesibilidad, el informe subraya otro riesgo: el impacto en derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos. La escala masiva de recopilación y procesamiento de información para determinar la elegibilidad de ayudas plantea interrogantes sobre la transparencia y la proporcionalidad del sistema.

“Los experimentos del Ministerio han reducido a las personas a datos. El éxito de una solicitud depende más de encajar en una casilla que de la necesidad real”, denunció Richmond-Bishop.

Por la notable exclusión digital, Amnistía Internacional exige una revisión independiente e imparcial del sistema de seguridad social británico y de las tecnologías implementadas. Además, pide que se prohíban aquellos sistemas que vulneren derechos humanos y que se establezcan leyes claras para regular la IA, garantizando transparencia y explicabilidad.

La organización también advierte que el uso de tecnología no debe ser obligatorio y debe ir acompañado de alternativas humanas accesibles para quienes no pueden adaptarse a los procesos digitales.

Un problema global

El informe amplía hallazgos de investigaciones previas, como el publicado en 2025 bajo el título “Social Insecurity”, que ya alertaba sobre los efectos devastadores de los recortes y sanciones en el Reino Unido.

Amnistía también ha documentado riesgos similares en países como Dinamarca, Países Bajos, India y Serbia, evidenciando que la digitalización del sector público, sin garantías adecuadas, puede convertirse en un nuevo frente de vulneración de derechos humanos.

La tecnología aplicada a la seguridad social prometía eficiencia y modernización, pero la realidad descrita por Amnistía Internacional muestra un panorama distinto: automatización sin empatía, decisiones opacas y un sistema que deja atrás a quienes más necesitan apoyo. Ante esta situación de gran exclusión digital y social, el reto no es frenar la innovación, sino garantizar que esta sirva para proteger y no para excluir.