El 89 % de los españoles apoya impuestos a empresas fósiles para frenar la crisis climática

Una abrumadora mayoría de la población en España, el 89 %, respalda que los gobiernos aprueben nuevos impuestos a las empresas fósiles, como gas, petróleo y carbón, con el objetivo de que estas asuman los costos por daños y pérdidas derivados del cambio climático. Así lo revela una encuesta global encargada por Greenpeace y Oxfam Internacional, cuyos resultados han sido presentados en el marco de las Reuniones de Junio sobre Cambio Climático de la ONU en Bonn, Alemania.

Alcance y contexto global de la preocupación y opinión respecto a las empresas fósiles

El estudio, realizado por la empresa de datos Dynata entre mayo y junio de este año, incluyó a 13 países: Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Kenia, India, Italia, México, Reino Unido y Sudáfrica. En conjunto, estas naciones representan cerca de la mitad de la población mundial, lo que otorga una alta representatividad a los resultados.

La presentación se produjo en Bonn, en el marco de los encuentros preparatorios para la Cumbre del Clima COP30, que tendrá lugar en Belén, Brasil, en noviembre próximo. Estas reuniones son clave para definir compromisos frente al calentamiento global, en un momento crítico: según datos publicados por 61 científicos en la revista Earth System Science Data, solo restan tres años para mantener el límite de 1,5 ºC de calentamiento respecto a los niveles preindustriales.

España lidera el apoyo a impuestos climáticos

En el caso de España, el 89 % de los ciudadanos considera justo que las empresas fósiles paguen por los daños climáticos causados por sus emisiones, como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales. Este nivel de apoyo supera tanto la media global como la europea.

Además:

• El 88 % respalda que lo recaudado se destine a compensar a comunidades más afectadas por el cambio climático.
• El 81 % cree que el Gobierno debería invertir más en apoyar a estas comunidades.
• El 67 % opina que las empresas fósiles contaminantes y las grandes fortunas tienen una influencia negativa en la política española.
• El 72 % considera que el Ejecutivo no hace lo suficiente para limitar el poder de las compañías fósiles.

Un consenso global que trasciende ideologías

Los datos de la encuesta reflejan un amplio consenso social, incluso entre votantes de partidos que suelen rechazar la subida de impuestos. La demanda de justicia climática atraviesa edad, nivel económico e ideología política, y se intensifica entre los más jóvenes.

Según Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, “la ciudadanía ya no cree las mentiras de la industria de los combustibles fósiles. La gente identifica a las grandes petroleras como responsables de los desastres climáticos y quiere que asuman su responsabilidad”.

Christensen añade que gravar las ganancias millonarias de estas empresas fósiles permitiría “proteger a la población e invertir en soluciones climáticas reales”. En Europa, el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas recaudó 26.000 millones de euros entre 2022 y 2023, cifra que podría aumentar si se hiciera permanente.

Un llamado urgente a la acción política

Desde Oxfam Internacional, Amitabh Behar subraya que “los gobiernos deben escuchar a su gente y responsabilizar a los contaminadores”. Un nuevo impuesto global a las industrias fósiles podría financiar la transición energética, impulsar energías renovables y ofrecer apoyo inmediato a países vulnerables.

Behar recordó que las empresas fósiles conocen desde hace décadas el impacto climático de sus productos, pero siguen priorizando el lucro sobre la vida y los derechos humanos, especialmente en el Sur Global, donde se concentran los impactos más severos.

Justicia climática y transición energética

Gran parte de la población española envía un mensaje contundente a las empresas fósiles: quien contamina debe pagar. En un contexto donde cada décima de grado cuenta, la aplicación de impuestos climáticos a las grandes petroleras es vista como una herramienta indispensable para mitigar la crisis climática, proteger a las comunidades más vulnerables y acelerar la transición hacia energías limpias.