El Ministerio de Trabajo avanza en el refuerzo del registro de jornada laboral sin cambios en las sanciones

El Ministerio de Trabajo ha iniciado los trámites para reforzar el registro de la jornada laboral en las empresas mediante un sistema digital. La medida permitirá a la Inspección de Trabajo acceder a los datos de forma remota y garantizar que los registros sean claros y fiables, sin aumentar las multas, y con el respaldo de los sindicatos para controlar mejor las horas extra no pagadas.

Contexto y origen del cambio sobre la jornada laboral

El Ministerio de Trabajo ha comenzado los trámites para reforzar el control del registro de la jornada laboral en las empresas. Esta decisión llega apenas un día después de que el Congreso de los Diputados frenara la tramitación del Proyecto de Ley que incluía cambios relacionados con la jornada y otros aspectos del trabajo.

El Gobierno ha enviado el texto a consulta pública para recoger aportaciones de las partes interesadas antes de que el Consejo de Estado lo revise y el Consejo de Ministros lo apruebe. Por ahora, no se ha fijado una fecha límite para estas aportaciones, lo que genera incertidumbre sobre los plazos de aprobación y entrada en vigor del decreto.

La vicepresidenta Yolanda Díaz había adelantado hace meses que este sería su plan alternativo en caso de que la ley fuera bloqueada, como efectivamente ocurrió. La medida se concibe como un plan B para garantizar que, aunque no se apruebe la ley sobre la reducción de la jornada laboral, se mantenga un control efectivo del registro de horas trabajadas.

Esta acción refleja la intención del Gobierno de proteger los derechos de los trabajadores y asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones legales, incluso en situaciones de bloqueo parlamentario.

Funcionamiento del real decreto

El Ministerio de Trabajo aprobará un real decreto, un tipo de norma que no requiere la aprobación del Congreso ni del Senado. Con este decreto, todas las empresas deberán digitalizar el registro de la jornada de trabajo. Esto permitirá que la Inspección de Trabajo acceda a los datos de forma remota, facilitando la detección de posibles infracciones sin necesidad de inspecciones presenciales inmediatas.

El decreto también establece que los registros de la jornada deben ser objetivos, fiables y accesibles, y que los trabajadores serán los responsables de registrar sus entradas, salidas y pausas. Ningún superior podrá modificar estos datos, lo que aumenta la transparencia y la trazabilidad de la información.

¿Se podrán endurecer las sanciones?

Aunque el alcance del decreto es menor que el de una ley, los cambios son significativos. No se podrán endurecer las sanciones, que podrían haber alcanzado los 10.000 euros por trabajador, ni imponerlas individualmente, pero sí se asegurará que la información sobre la jornada laboral sea clara, segura y utilizable por las autoridades.

El decreto también prevé que la información esté en un formato legible y compatible con sistemas digitales generales, lo que facilita la gestión por parte de las empresas y el seguimiento por parte de la Inspección.

Impacto y opiniones de sindicatos y empresas

Los sindicatos apoyan la medida, ya que consideran que ayudará a controlar mejor las horas extra no pagadas y otros fallos de la normativa anterior sobre la jornada laboral. Para los trabajadores, esta medida permite registrar sus horarios de manera segura, sin que los jefes puedan alterar la información. Además, el decreto beneficia a las pequeñas y medianas empresas, que hasta ahora gestionaban los registros en papel, menos seguros y difíciles de auditar.

Algunas patronales han cuestionado el formato digital, alegando posibles brechas de seguridad y costos adicionales para adaptarse a la nueva norma. Sin embargo, los representantes del Gobierno y de los trabajadores coinciden en que la digitalización mejora la trazabilidad y el control de la jornada laboral, garantizando derechos y evitando irregularidades.

En conjunto, la medida refleja un esfuerzo por proteger a los empleados y fortalecer la fiscalización, sin necesidad de aprobar nuevas leyes que podrían quedar bloqueadas en el Parlamento.