La Asociación Liber denuncia disparidades geográficas en el derecho al apoyo para personas con discapacidad

La Asociación Liber ha publicado el estudio “La situación del apoyo a la toma de decisiones en España”, que analiza cómo se está aplicando este derecho tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021. El informe evidencia diferencias notables entre comunidades autónomas: mientras algunas han avanzado en garantizar apoyos para que las personas con discapacidad puedan decidir por sí mismas, otras aún no los han implementado de forma adecuada.

Un derecho que cambia según el lugar de residencia y una ley que no llega a todos

La Asociación Liber ha presentado el estudio “La situación del apoyo a la toma de decisiones en España”, un trabajo que analiza en profundidad cómo se está implementando este derecho fundamental en el país. El informe revela una realidad preocupante: el acceso a estos apoyos esenciales varía considerablemente entre comunidades autónomas.

Mientras algunas regiones han avanzado con fuerza, otras siguen sin garantizar el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre sus propias vidas en igualdad de condiciones.

Desde la aprobación de la Ley 8/2021, España dio un paso decisivo hacia la protección de los derechos de las personas con discapacidad, sustituyendo las antiguas figuras de tutela por modelos de apoyo centrados en la voluntad y preferencias de la persona. Sin embargo, el estudio constata que este cambio legislativo aún no se traduce por igual en todo el territorio.

En el 2024, un total de 14 comunidades autónomas o diputaciones forales han incorporado los apoyos a la toma de decisiones en sus carteras de servicios sociales, frente a las 5 que lo hacían hace apenas una década. A pesar de este avance, todavía hay tres territorios donde ni siquiera están contemplados.

La financiación, una barrera persistente en las personas con discapacidad

Uno de los principales retos de cara a las personas con discapacidad señalados por el estudio es la falta de una financiación estable y homogénea. Aunque diez territorios contemplan el uso del concierto social —una fórmula que permite a las administraciones establecer acuerdos estables con entidades sociales—, en la práctica solo Cataluña y Baleares lo están aplicando.

Esto supone un freno importante para que muchas entidades puedan ofrecer servicios continuados y de calidad a las personas con discapacidad. Sin apoyo económico sólido, resulta difícil sostener estructuras profesionales que garanticen el ejercicio pleno del derecho a decidir.

Por otro lado, en 2023, más de 4.100 personas recibieron apoyos a través de entidades vinculadas a la red de Liber. Esta cifra no solo refleja un crecimiento sostenido, sino también una mayor complejidad en los perfiles de las personas atendidas: mayor edad, más necesidades específicas y situaciones que requieren intervenciones adaptadas.

Esta evolución obliga a reforzar los recursos disponibles para asegurar una atención personalizada, eficaz y respetuosa con la autonomía individual.

Un llamado a las administraciones públicas

El informe tiene una vocación clara: ofrecer datos que impulsen el cambio. No se trata solo de señalar desigualdades, sino de proponer soluciones. Entre ellas, la extensión del modelo de concierto social y el reconocimiento formal del papel que desempeñan las entidades del tercer sector. Estas organizaciones han estado a la vanguardia del cambio, proporcionando apoyos reales a las personas con discapacidad donde aún no ha llegado la respuesta institucional.

El estudio será presentado oficialmente el próximo viernes, 20 de junio, en el Congreso de los Diputados. Al acto asistirán representantes institucionales, responsables de políticas públicas y organizaciones sociales de toda España. El informe completo puede descargarse desde la página web de la Asociación Liber, y el evento podrá seguirse en streaming o en diferido.