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La veracidad de los currículums académicos de los políticos ha vuelto a encender el debate público. Aunque no es un fenómeno reciente, los últimos escándalos han reavivado una polémica que ya tuvo antecedentes notables como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusado de plagio en su tesis doctoral, o el de Cristina Cifuentes, cuya controvertida obtención de un máster terminó en los tribunales. Ahora, los casos de Noelia Núñez y José María Ángel Batalla vuelven a poner bajo la lupa los perfiles académicos de numerosos dirigentes.
Dimisión de Noelia Núñez: un caso de ética más que de ilegalidad entre los políticos
Noelia Núñez, ex diputada del Partido Popular y hasta hace poco responsable de Movilización del partido, dejó sus cargos tras reconocer públicamente que no había completado los estudios universitarios que había mencionado en distintos currículums. Aunque no se ha detectado la falsificación de documentos oficiales, la repercusión mediática fue suficiente para forzar su salida. El suyo es un ejemplo claro de cómo la presión ética y política puede derivar en consecuencias inmediatas, sin que necesariamente se incurra en delito alguno.
José María Ángel Batalla: ¿más que una simple exageración?
La dimisión del comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel Batalla, ha sido más grave. En su caso, la Agencia Valenciana Antifraude ha iniciado una investigación por posible falsificación documental. El foco está en el título académico que le permitió acceder al funcionariado, lo que podría suponer una implicación penal. A diferencia del caso de Núñez, aquí el escándalo va más allá de lo mediático: ya se estudia en sede oficial la posible falsedad del documento que le abrió las puertas a cargos institucionales. Ángel ha iniciado su defensa legal por la vía privada tras abandonar su puesto. ¿Políticos con cero política'
Nuevas pesquisas: los casos de Carmen Ninet y otros
Estas revelaciones entre los políticos han provocado un efecto dominó. Uno de los casos derivados es el de Carmen Ninet, esposa de Ángel y subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), quien estaría ocupando una plaza de categoría A1 sin tener el título universitario requerido. La Diputación de Valencia ha abierto sendos expedientes informativos tanto a Ninet como a su marido, con la intención de esclarecer las posibles irregularidades.
Con el escándalo ya en la opinión pública, los partidos han comenzado a intercambiar acusaciones. El PSOE ha vuelto a cuestionar la transparencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, a quien acusan de haber atribuido a su currículum estudios superiores no finalizados. Si bien en fichas previas se indicaban estudios iniciados, posteriormente se han corregido las formulaciones para aclarar que dichos títulos nunca se completaron. Desde el PP alegan que se trató de errores de transcripción o información no actualizada.
Del otro lado, los políticos populares han aprovechado para señalar inconsistencias en el perfil académico de Óscar Puente, actual ministro de Transportes. El dirigente socialista aludía a un máster en Dirección Política que, según el PP, es solo un curso. Puente sostiene que cuando lo cursó, en 1991, ese tipo de estudios aún no contaban con regulación oficial para denominarse máster.
Políticos con estudios nada claros
Otro caso llamativo es el de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Su currículum indicaba que era licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual, titulación que fue modificada más tarde al descubrirse que no concluyó ninguna de esas carreras. También el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, enfrenta cuestionamientos por afirmar que "estudió" Ingeniería Industrial en su biografía oficial, sin aclarar que no terminó la carrera. A pesar de la controversia, López no ha corregido esta información en sus perfiles públicos.
En la Comunidad Valenciana, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido acusado por el PSOE de autodenominarse "abogado" sin estar colegiado. Mazón reconoce que no está inscrito en ningún colegio profesional, pero sostiene que su titulación en Derecho es legítima y está debidamente registrada en el portal de transparencia del gobierno autonómico.
El caso más reciente es el de Ignacio Higuero de Juan, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en Extremadura. La presidenta autonómica, María Guardiola, aceptó su dimisión tras detectarse inconsistencias en su currículum. Higuero aseguraba haber obtenido una licenciatura en Marketing décadas antes de que dicha titulación comenzara a ofrecerse en la universidad correspondiente, lo cual encendió las alarmas y precipitó su salida.
El trasfondo: ¿hasta dónde se puede mentir?
Más allá de las diferencias entre exageraciones, errores y delitos, estos episodios ponen de relieve una cuestión esencial: ¿es admisible que los representantes públicos inflen o manipulen sus credenciales académicas?
Mientras algunos casos derivan en simples rectificaciones, otros han terminado en renuncias e investigaciones judiciales. Lo cierto es que la confianza en las instituciones también pasa por la transparencia de quienes las lideran, y en ese terreno, los currículums se han convertido en arma arrojadiza y termómetro de credibilidad para los políticos españoles.
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