El papel de las comunidades autónomas en la reforma de la Ley de Dependencia 2025

La ambiciosa reforma de la Ley de Dependencia, aprobada en 2025 con el objetivo de crear un sistema más flexible, humano y centrado en la persona, se diseñó en los despachos de Madrid. Sin embargo, su verdadero éxito o fracaso no se decidirá allí, sino en 17 "terrenos de juego" diferentes: las comunidades y ciudades autónomas. Son ellas las que tienen la competencia y la responsabilidad de transformar los principios de la ley en una realidad tangible para cientos de miles de ciudadanos.

En el complejo modelo territorial de España, el Estado establece el marco general de derechos y cofinancia el sistema, pero son los gobiernos autonómicos quienes gestionan, valoran, prescriben y prestan los servicios. Esta descentralización convierte a las CCAA en el motor indispensable de la reforma de la Ley de Dependencia, pero también en el origen de notables desigualdades. Analizamos los tres grandes retos que enfrentan para implementar esta reforma histórica.

El reto de la financiación es el eterno debate del 50-50

El pilar sobre el que se sustenta todo el sistema es el dinero. La ley original de 2006 preveía un modelo de cofinanciación en el que la Administración General del Estado y las CCAA aportarían, idealmente, el 50 % cada una. Sin embargo, esta paridad casi nunca se ha cumplido. Históricamente, las CCAA han soportado la mayor parte de la carga financiera, llegando a asumir en algunos años cerca del 75 % del coste total.

La reforma de la Ley de Dependencia de 2025, si bien ha venido acompañada de un notable incremento de la financiación por parte del Estado, también amplía la cartera de servicios y derechos. La universalización de la teleasistencia, la posibilidad de compatibilizar prestaciones y la ampliación de la ayuda a domicilio suponen un mayor coste. El gran desafío para las CCAA es asegurar que este aumento de la financiación estatal sea suficiente para cubrir las nuevas obligaciones. De lo contrario, la presión sobre sus ya tensionados presupuestos autonómicos aumentará, lo que repercute directamente en el principal problema del sistema: las listas de espera. Una financiación insuficiente es la causa raíz de que miles de personas con el derecho reconocido fallezcan cada año sin haber recibido la ayuda.

La batalla contra la burocracia: de la valoración a la prestación

Más allá del dinero, la eficiencia en la gestión es el segundo gran campo de batalla. Las CCAA son las responsables de todo el laberinto administrativo que una persona debe recorrer: desde la recepción de la solicitud inicial hasta la visita del equipo de valoración al domicilio, la determinación del grado y nivel de dependencia, y la elaboración del crucial Plan Individual de Atención (PIA), que es el documento que finalmente asigna el servicio o la prestación.

La reforma de la Ley de Dependencia de 2025 simplifica algunos de estos pasos, como el reconocimiento automático de la discapacidad, pero introduce una nueva complejidad de gestión. El fin de las incompatibilidades obliga a los servicios sociales autonómicos a rediseñar sus protocolos. Ya no se trata de asignar un único servicio de un catálogo cerrado, sino de que los trabajadores sociales puedan diseñar un "traje a medida" para cada usuario, combinando diferentes recursos. Esto exige una mayor flexibilidad, más personal y una formación específica para los profesionales. El reto para cada CCAA es modernizar su maquinaria administrativa para que esta nueva personalización no se traduzca en aún más retrasos.

Creando el "traje a medida", la desigualdad está más presente que nunca en la reforma de la Ley de Dependencia

Aquí reside la mayor fuente de desigualdad territorial. Aunque la ley estatal establece un catálogo mínimo de servicios, cada comunidad autónoma tiene la potestad de desarrollarlo y definirlo. Esto ha creado una España de la dependencia a varias velocidades.

La "lotería del código postal" se hace aquí evidente. Una persona con un Grado II de dependencia en una comunidad con una potente red de servicios públicos puede acceder a un centro de día de calidad y a un completo servicio de ayuda a domicilio. En otra comunidad con una red pública menos desarrollada, es posible que la principal alternativa que se le ofrezca sea una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, a menudo insuficiente.

La reforma de la Ley de Dependencia de 2025 apuesta decididamente por mantener a las personas en su hogar. Esto supone un enorme desafío para aquellas CCAA cuyo modelo se ha basado históricamente en la creación de plazas residenciales. Ahora, deben realizar una inversión estratégica para potenciar sus servicios de proximidad: la teleasistencia avanzada, los centros de día y, sobre todo, la ayuda a domicilio. El éxito del espíritu de la reforma dependerá de la voluntad política y la capacidad de inversión de cada gobierno autonómico para desarrollar estos servicios.

Así las cosas, las CCAA no son meras gestoras, sino las verdaderas arquitectas de la reforma de la Ley de Dependencia en la práctica. De su compromiso financiero, su agilidad burocrática y su visión para desarrollar servicios de calidad dependerá que la prometedora reforma de 2025 logre reducir las listas de espera y, sobre todo, la injusta desigualdad territorial que ha marcado el sistema hasta hoy.