Sumar exige al PSOE medidas urgentes contra la corrupción

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso el próximo miércoles se presenta cada vez más complicada debido a los casos de corrupción. Esta cita, convocada para que Sánchez dé explicaciones sobre el escándalo relacionado con Santos Cerdán, llega con una creciente presión tanto de sus socios parlamentarios como de Sumar.

Medidas urgentes contra la corrupción

Este miércoles, la formación Sumar manifestó su profundo descontento tras la reunión mantenida con el PSOE, en la que analizaron la delicada situación de la legislatura. Además, exigieron al partido socialista la implementación urgente de medidas contra la corrupción, incluyendo el endurecimiento del Código Penal para estos delitos, la prohibición de contratar con la administración pública durante 20 años a empresas involucradas en casos de cohecho y la obligación de que los partidos políticos asuman el pago de las multas impuestas por actos de corrupción cometidos por sus integrantes.

Sumar lleva varios días incrementando gradualmente la intensidad de sus críticas hacia la respuesta del PSOE ante el estallido del caso Cerdán, que desde la formación de Yolanda Díaz consideran, como mínimo, demasiado suave. Sin embargo, las alarmas dentro del sector minoritario del Gobierno se encendieron definitivamente este miércoles durante la reunión que mantuvieron con los socialistas. De ese encuentro, la coalición liderada por Díaz salió con una conclusión poco alentadora: creen que el PSOE "no es consciente" de la "urgencia" con la que el Ejecutivo debe actuar para evitar que el escándalo cause un daño irreparable.

Prohibiciones empresariales y confiscación de bienes fraudulentos

En esa reunión, Sumar presentó a los socialistas un listado de demandas para los próximos meses, tanto en materia de combate a la corrupción como en temas sociales, aunque el PSOE evitó comprometerse a implementar alguna de ellas. La propuesta principal de la formación de Díaz es la creación de una "Ley integral anticorrupción" que garantice que tanto corruptos como corruptores asuman las consecuencias de sus actos. Esta ley incluiría la "prohibición durante 20 años" para las empresas condenadas por cohecho —o cuyos directivos hayan sido sancionados— en los últimos diez años, y dicha prohibición se extendería también a todas las empresas vinculadas a la sociedad condenada, como filiales o grupos empresariales.

La segunda medida que más enfatizaron el miércoles los distintos portavoces de Sumar fue la que aborda la necesidad de "confiscar" a los corruptos los bienes obtenidos de forma fraudulenta, para lo cual sería imprescindible aprobar una ley específica. "Es fundamental perseguir de manera especial el papel que desempeñan las empresas corruptoras y sus directivos, aumentando las responsabilidades dentro de la estructura empresarial implicada en la corrupción", señala la coalición de Yolanda Díaz en el documento enviado al PSOE.

Además de aprobar estas dos nuevas leyes, Sumar plantea la necesidad de llevar a cabo una reforma del Código Penal para aumentar las sanciones contra quienes utilicen sus cargos para obtener beneficios ilegales, así como contra las empresas involucradas en actos de cohecho. En particular, se propone incrementar las penas por delitos de cohecho (soborno) y fraude fiscal, además de "definir como delito el enriquecimiento ilícito injustificado de funcionarios públicos" y "extender la prohibición de ocupar cargos públicos a 30 años para quienes sean condenados por corrupción".