Temor en el Gobierno por reuniones "sujetas a secreto"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Servimedia

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El Consejo de Ministros es una reunión semanal de todos los miembros del Gobierno.

Según el artículo 5.3 de la ley de Gobierno de 1997: 
las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas
y sus integrantes, en la toma de posesión del cargo ante el Rey,
prometen mantener en secreto las deliberaciones así como cumplir la Constitución.

Sin embargo, varias personas cercanas al Gobierno
han declarado a Servimedia, 
que muchas cosas de las que se hablan en estas reuniones, 
se hacen públicas.

Ante este temor por revelar secretos y poder acabar en los tribunales, 
muchos miembros del Gobierno prefieren exponer sus ideas e iniciativas en privado, 
algo que genera cierta desconfianza entre los políticos.

Las reconstrucciones publicadas de lo que se debate en el Consejo de Ministros despierta cierto temor dentro del Gobierno de que alguien finalmente acabe en los tribunales.

Varias fuentes gubernamentales apuntaron a Servimedia que las filtraciones de lo que se habla en las reuniones de Pedro Sánchez con su Gabinete están sujetas "a secreto".

Pero los debates en el Gobierno de coalición son cada vez más públicos

"Alguno va a tener algún problema" señalaron en Servimedia desde el Ejecutivo, mientras otras fuentes del Gabinete confiesan: "yo no sé quién cuenta las cosas".

Más aún, lamentan algunas fuentes, cuando se cuentan situaciones del Consejo de Ministros que no se han llegado a producir: "Lo que pasó no fue así", señalan en el seno del Gobierno sobre algunas informaciones que han visto publicadas y que aseguran que no sucedió, pero apuntan que así contado es "de interés" para algún integrante de la coalición.

Este temor en el Gobierno, admiten fuentes, se ha hecho llegar en el interior del Consejo de Ministros toda vez que se ha extendido, dicen, reconstrucciones de reuniones del Gobierno a las que sólo asisten el presidente y los 22 ministros.

Secretismo entre los miembros del equipo de Gobierno

Este temor del Gobierno ha llevado a considerar a muchos miembros del mismo que está situación contraviene también al desarrollo normal del Gobierno porque algunos integrantes del mismo prefieren exponer su parecer en privado que en la propia reunión del Consejo de Ministros para evitar que se lleve "a los papeles" su intervención y se cuente de otra manera.

Según el artículo 5.3 de la ley de Gobierno de 1997 "las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas" y sus integrantes, en la toma de posesión del cargo ante el Rey, prometen "mantener en secreto las deliberaciones" así como cumplir la Constitución.

La exposición motivada contra Pablo Iglesias, las restricciones en Madrid, desestimar la querella de Montero por acoso en Galapagar... Todo esto ha avivado el temor del Gobierno en tan solo una semana de reveses judiciales para el Ejecutivo.

El Gobierno alarga así su conflicto con el Poder Judicial en plena guerra por renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Este pasado jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid irrumpió en el conflicto que arrastra el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso con el Ministerio de Sanidad. En contra del criterio de la Fiscalía, tumbó las restricciones que había impuesto Illa a partir del Consejo Interterritorial de Salud que suponían el cierre de Madrid.

Ante la falta de seguridad jurídica y el limbo en el que se ha sumido Madrid, el Gobierno se vio obligado a explorar medidas de urgencia, lo que ha supuesto un fuerte desgaste para el Ejecutivo.

El miércoles, el juez que investiga el caso Dina dejó a Pablo Iglesias a un paso de la imputación en el Supremo por tres delitos: denuncia falsa, revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos. El magistrado Manuel García Castellón elevó al alto tribunal una exposición razonada de 63 folios con expresiones muy contundentes contra Podemos y su líder. Le acusa de haber fingido una campaña en su contra ante la Audiencia Nacional para sacar rédito político

Por su parte, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de Irene Montero contra el auto de archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Collado Villalba (Madrid) de la querella contra una concejal de Vox por coacciones y acoso. En su querella, la ministra denunciaba las caceroladas diarias, a lo largo de dos meses y cinco días, en la puerta de su domicilio familiar, así como la publicación de imágenes de dichas concentraciones en la red social Twitter.

En un plano menor, Podemos también ha conocido que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella que presentó contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch por presuntos delitos de provocación a la rebelión, amenazas al Gobierno y de odio por razón de ideología.

Ante todo esto, el temor del Gobierno no deja de crecer. La crispación y las 'guerras' políticas marcan el día a día en el Hemiciclo.

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