UGT solicita ampliar los 3 meses de silencio administrativo para la denegación de esta ayuda ante "el colapso" en su gestión

El sindicato UGT instó al Gobierno a ampliar el plazo de 3 meses de silencio administrativo para la denegación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), a fin de que las solicitudes no decaigan "ante el colapso del sistema".

Según el sindicato, un total de 740.000 solicitudes han sido presentadas hasta la fecha y, de momento, menos de 40.000 han sido tramitadas. El resto, unas 700.000 continúan a la espera y podrían decaer.

"Dado el colapso en la gestión de esta renta, tres meses de silencio administrativo (que se entiende negativo si este plazo se cumple y no hay respuesta) pueden hacer que decaigan muchas solicitudes sin que hayan sido tramitadas" relatan según informaciones de Servimedia.

UGT pide resolver urgentemente la situación de vulnerabilidad de las personas

Por ello, UGT demandó considerar la fecha de petición de cita como la fecha efectiva de presentación de la solicitud en todas las instancias, incluidos los ayuntamientos que lo tramitan.

Además el sindicato pide que se amplíe el periodo de carencia que vence el próximo 15 de septiembre, para que todas las personas beneficiarias puedan finalmente recibir la prestación con efecto al 1 de junio.

UGT instó a "resolver cuanto antes la situación de vulnerabilidad de las personas que necesitan este ingreso y aún no lo han cobrado", y animó a quienes se encuentren en esta situación a que recurran al servicio de reclamación habilitado por el sindicato en su página web.

"En tan solo 4 días, desde su puesta en marcha el 1 de septiembre hasta el 4 de septiembre, se han rellenado más de 8.000 formularios para reclamar la falta de respuesta o de cobro del Ingreso Mínimo Vital", explicó UGT.

"Es prioritario que el IMV se pague ya y que todos las personas demandantes guarden el derecho a percibirlo desde el 1 de junio de este año", declaró el sindicato, que estudia la posibilidad de plantear futuras movilizaciones si esta situación no se soluciona.

El sindicato ya exigió una solución urgente para aquellas personas demandantes del IMV cuyas solicitudes de cita están siendo asignadas fuera del plazo de carencia, que concluye el 15 de septiembre.

"Esto impide el reconocimiento de la prestación a fecha 1 de junio", explicaron desde el Sindicato, perdiendo hasta 3 meses de prestación en la práctica.

"En UGT hemos tenido conocimiento de que muchas personas que carecen de medios telemáticos y acuden a ayuntamientos para que les tramiten la solicitud ya en junio estaban siendo citadas para este trámite en octubre", denunciaron.

Desde el sindicato creen que "es urgente dar una respuesta ya, pues las personas solicitantes del IMV no pueden esperar más". Por ello, UGT planteó como solución ampliar el período transitorio o considerar la fecha real de petición de cita como fecha de presentación de la solicitud en todas las instancias, incluidos ayuntamientos, pues "los retrasos en la gestión no son responsabilidad de las personas demandantes".

"Sería también deseable que se ampliara el periodo de carencia que vence el 15 de septiembre, para que todos los beneficiarios puedan finalmente recibir la prestación con efecto al 1 de junio" apuntaban.

La Seguridad Social precisa de más personal para acabar con el colapso

El sindicato insistió en la necesidad de dotar con más personal y medios al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de reordenar y racionalizar los medios ya disponibles, pues se han perdido en torno a 6.000 efectivos y los restantes tienen una media de edad de 56 años.

Finalmente, reclamó la puesta en marcha de las mesas de Diálogo Social para negociar con los Agentes Sociales los reglamentos de desarrollo de los que se hacía eco el Decreto-Ley del IMV, a fin de regular aspectos tan importantes como su pretendida compatibilidad con un salario.

Desde UGT consideran fundamental que se trabaje para la coordinación de todos los agentes implicados en esta prestación, así como la creación del órgano de coordinación previsto en la norma, el Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital.