Castells atenderá las sugerencias de las comunidades para mejorar la nueva Ley de Universidades

El ministro de Universidades, Manuel Castells, se comprometió con las comunidades autónomas a “tomar en consideración” las aportaciones que efectuaron para mejorar el contenido del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fue aprobado el pasado 31 de agosto por el Consejo de Ministros.

Castells lo hizo en el marco de la celebración de una sesión plenaria de la Conferencia General de Política Universitaria en la que participaron virtualmente representantes de todas las comunidades autónomas, y en la que también asistieron el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, y la directora de gabinete, Marta Cruells.

Manuel Castells presentó el anteproyecto de ley a las Comunidades

Durante el encuentro, Castells presentó el anteproyecto de ley a las Comunidades, para, a continuación, dar paso a las aportaciones y debates que propusieron los representantes autonómicos, las cuales se centraron en aspectos referidos a la financiación, la gobernanza o a cuestiones vinculadas con los estudiantes y la carrera universitaria, según recoge Servimedia.

De este modo, tras escuchar a los representantes de las comunidades autónomas en materia universitaria, Castells se comprometió a estudiar sus sugerencias de cara a mejor el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.

¿Qué novedades traerá la nueva Ley de Universidades?

La nueva Ley de Universidades, que culminaría en 2023, busca acabar con la precariedad laboral de los docentes reducir la contratación temporal del actual 40 % permitido al 20 % y aumentando el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del actual 51% al 55 %.

También pretende hacer más accesible la educación superior y dotarla de mayor calidad, así como adecuar su financiación. Sustituirá a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 y actualmente el máximo consenso posible con la comunidad universitaria y con los grupos parlamentarios. Otra novedad es que los grados universitarios de tres años terminarán de existir en 2023.

La LOSU plantea asimismo llevar a cabo cambios en los sistemas de evaluación para aumentar su agilización, la digitalización y el rejuvenecimiento de las plantillas.

No hará falta ser catedrático para presentarse a rector

La LOSU eliminará el requisito de ser catedrático para poder presentarse al cargo, de modo que cualquier profesor titular pueda aspirar a ser rector. La definición pasará entonces a ser por méritos. Así, cualquier funcionario con seis años de investigación, que han de someterse a evaluación, podrá presentarse a la máxima autoridad universitaria, o bien contar con cinco años de docencia y desempeñar cargos en la Universidad durante al menos 4 años.

Del mismo modo, la nueva Ley propone reorganizar la carrera académica en tres niveles: Profesor Ayudante Doctor; Titular o contratado equivalente; y Catedrático.

Aumentará la financiación de la Universidad

Convencido de que es necesario aumentar la financiación de las Universidades, Castells pretende incrementarla hasta el 5 % del PIB español en una década. Actualmente la financiación pública universitaria en España se sitúa un 14,5 % por debajo de la media de la Unión Europea y la OCDE y representa 1,3 % del PIB, dos décimas menos que el de los países de la OCDE, según el informe La Universidad Española en Cifras para el curso académico 2017/2018 elaborado por Crue Universidades Españolas.

En 2017 el gasto público en universidades españolas era de 9.329 millones de euros, frente a 10.608 de 2010, según datos ministeriales.

En busca de la equidad

Ante el "profundo convencimiento de que la equidad es una herramienta fundamental para la democracia", la LOSU incorporará medidas como la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, la incorporación de unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, los planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos, los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios. También implantará medidas de conciliación e impulsará proyectos científicos con perspectiva de género, al igual que velará por la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales en las universidades, entre otras.

La discapacidad también será materia de mejora en la 'ley Castells', de modo que incorporará medidas antidiscriminación como el cupo de discapacidad y la adecuación de los edificios universitarios para que sean accesibles.