La Comisión Interministerial de Cambio Climático: polémica por el anuncio de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reavivó el debate sobre la acción climática el pasado 22 de agosto, cuando anunció la puesta en marcha de la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética. Sus declaraciones, en las que subrayó que este órgano “liderará el camino hacia un pacto de Estado frente a la emergencia climática”, despertaron críticas desde la oposición. El Partido Popular le reprochó haber presentado como novedad un mecanismo que, en realidad, funciona desde 2018.

Una comisión que no es nueva

La Comisión a la que se refiere Sánchez no acaba de nacer. Fue creada en julio de 2018 mediante el Real Decreto 958/2018, en sustitución de otra comisión anterior, constituida en 2011. La diferencia principal radicaba en el nombre: la de 2011 era simplemente la “Comisión Interministerial para el Cambio Climático”, mientras que la actual incorpora la referencia explícita a la transición energética.

Pese a las acusaciones de “puesta en escena”, el Ejecutivo defiende que el objetivo no es tanto inaugurar un organismo, sino reactivar sus trabajos con un mandato concreto: alcanzar un gran acuerdo político sobre cómo afrontar la crisis climática en España.

¿Qué es exactamente una comisión interministerial?

Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, una comisión interministerial es un órgano colegiado formado por representantes de distintos ministerios. Su creación requiere un real decreto cuando la preside alguien con rango superior a director general; en caso contrario, basta con una orden ministerial conjunta.

La Comisión de Cambio Climático y Transición Energética cumple con este criterio, ya que está presidida por Sara Aagesen, actual secretaria de Estado de Transición Energética y Reto Demográfico.

Funciones y logros alcanzados

Aunque el anuncio de Sánchez ha dado la impresión de que se trata de una estructura nueva, la comisión lleva seis años trabajando en la arquitectura normativa y estratégica de la política climática española. Entre sus principales aportaciones destacan:

• Anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada finalmente en mayo de 2021.
• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con horizonte 2030, adoptado en 2021 y actualizado en 2024.
• Estrategia de Descarbonización a 2050, publicada en noviembre de 2020.

Además, el real decreto que regula su funcionamiento establece que debe coordinar actuaciones para garantizar una transición justa, especialmente en aquellas comunidades más dependientes de industrias contaminantes. También tiene la obligación de informar a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos sobre propuestas con implicaciones relevantes para la economía.

Una reunión que no tiene calendario fijo

Uno de los puntos que ha generado dudas tras el anuncio presidencial es la frecuencia de las reuniones. ¿Cada cuánto se reúne esta comisión?

La respuesta es que no existe un calendario obligatorio. Según explicó a Newtral.es la profesora Rosa Collado, de la Universidad Pontificia Comillas, “no hay obligación de reuniones periódicas”. El artículo 7 del Real Decreto 1/2024 establece que corresponde al presidente de cada comisión decidir cuándo convocar. Aunque en este caso se trate de una comisión interministerial y no de una comisión delegada, el régimen jurídico es análogo.

En la práctica, esto significa que la Comisión de Cambio Climático se reúne únicamente cuando su presidenta, Sara Aagesen, lo considera necesario. Desde Newtral.es señalan que no han encontrado normativa adicional que regule esta cuestión, y que incluso han solicitado aclaraciones al Ministerio de Transición Ecológica, sin obtener respuesta hasta el momento.

El trasfondo político del anuncio

El mensaje de Sánchez el pasado 22 de agosto no fue tanto un anuncio institucional como un gesto político. Aunque la comisión existe desde hace seis años, el presidente quiso reposicionarla como eje central de su agenda climática, vinculándola a la búsqueda de un pacto de Estado contra la emergencia climática.

El Partido Popular, por su parte, aprovechó la ocasión para cuestionar la credibilidad del Ejecutivo en materia de políticas verdes, acusando a Sánchez de “vender humo” al presentar como nuevo un órgano ya vigente.

En definitiva, lo ocurrido en torno a la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética refleja la tensión entre la gestión técnica de las políticas ambientales y el uso político de los instrumentos institucionales.

Lo cierto es que la Comisión Interministerial está plenamente vigente desde 2018, que ha tenido un papel decisivo en la elaboración de las grandes estrategias climáticas de España y que, conforme a la normativa, su actividad depende en gran medida de la voluntad de su presidencia.

La pregunta que queda en el aire es si el impulso anunciado por Sánchez conseguirá, esta vez, trascender las diferencias partidistas y materializarse en el gran acuerdo político que reclama la comunidad científica, los movimientos ecologistas y buena parte de la ciudadanía.