Dos años después, los coordinadores de bienestar en los colegios siguen sin implantarse por completo

Han pasado ya dos cursos escolares desde que entró en vigor la obligación de que todos los centros educativos de España cuenten con un coordinador de bienestar y protección.

Sin embargo, un informe reciente de UNICEF España revela que la realidad dista mucho de lo previsto en la normativa. La figura, que debía convertirse en un pilar para la seguridad y la protección de los estudiantes, todavía no se aplica de forma uniforme en las comunidades autónomas.

Avances lentos y desiguales en las comunidades con la implantación del coordinador de bienestar y protección

El documento titulado Los centros educativos como garantes del bienestar y la protección pone de manifiesto las diferencias entre regiones.

• Solo dos comunidades autónomas han logrado definir de manera completa las funciones del coordinador.
• Ocho autonomías han regulado la liberación horaria exclusiva para que los docentes puedan desempeñar este rol.
• Apenas tres comunidades han fijado un mínimo de cinco horas semanales para garantizar que el coordinador pueda atender sus responsabilidades.

A esto se suma la formación: aunque la mayoría de territorios han desarrollado cursos básicos, más del 80 % de las comunidades todavía necesita reforzar la capacitación específica de los docentes que asumen esta tarea.

Este panorama genera una situación de desigualdad territorial, en la que el grado de protección del alumnado depende del lugar donde resida.

Una figura clave para el bienestar emocional

Para Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, los avances conseguidos hasta ahora son insuficientes:

“La figura del coordinador de bienestar y protección empezó a funcionar hace ya dos cursos escolares, pero su avance ha sido desigual en las diferentes comunidades autónomas”.

Contreras subraya que la finalidad de este puesto es crear un entorno seguro en todos los centros educativos, con independencia de la comunidad autónoma. La existencia de un coordinador de bienestar y protección permite detectar precozmente problemas de salud mental, prevenir situaciones de riesgo y fomentar el bienestar emocional de la infancia y la adolescencia.

Los tres grandes obstáculos detectados

El análisis de UNICEF identifica tres retos principales en la aplicación de la medida:

1. Funciones poco claras: muchas comunidades aún no han delimitado qué tareas corresponden exactamente a los coordinadores.
2. Formación insuficiente: la capacitación que reciben no alcanza el nivel necesario para que puedan responder a situaciones complejas.
3. Falta de recursos y tiempo: la dedicación horaria asignada es escasa, lo que limita su capacidad de acción.

Recomendaciones de UNICEF España

Para superar estos obstáculos, UNICEF plantea un conjunto de propuestas que buscan garantizar la eficacia de la figura:

• Asignar recursos proporcionales al alumnado, calculando unas 23 horas semanales por cada 1.000 estudiantes.
• Establecer funciones claras y comunes, que cada comunidad pueda adaptar a su realidad, pero siempre bajo un marco definido.
• Integrar la promoción del bienestar mental en la planificación escolar, evitando que se reduzca a actuaciones puntuales.
• Refuerzo de la coordinación institucional, de modo que el coordinador sea un puente entre el colegio, los servicios sociales y el sistema sanitario.
• Formación en tres niveles: básica para todo el profesorado, y elemental y superior específicamente para quienes desempeñen el rol de coordinadores.

Sin estas medidas, advierte Contreras, la figura corre el riesgo de convertirse en algo meramente simbólico:

“Sin tiempo, sin formación y sin reconocimiento, el coordinador de bienestar y protección no podrá cumplir con su propósito preventivo y protector. Y quienes saldrán perjudicados serán los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”.

Una obligación legal aún pendiente de cumplirse

La presencia del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos no es opcional. Desde el curso 2022-2023, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) exige que todos los colegios dispongan de esta figura.

Su adecuada implantación es crucial si se tiene en cuenta la situación de la salud mental en la población infanto-juvenil:

• 4 de cada 10 adolescentes han manifestado haber tenido problemas de salud mental en el último año.
• 1 de cada 3 no lo ha compartido con nadie.
• El acoso escolar y el ciberacoso afectan al 9,4 % del alumnado, con graves repercusiones en el rendimiento académico y en el equilibrio emocional de los estudiantes.

Un reto urgente para proteger al alumnado

Los datos muestran con claridad que el bienestar emocional y la protección de la infancia no pueden quedar en segundo plano. El coordinador de bienestar y protección es una figura pensada para prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de riesgo que afectan directamente a la vida de miles de estudiantes.

A pesar de los avances parciales en algunas comunidades, el desafío ahora es lograr que esta figura sea efectiva y real en todos los centros, con recursos adecuados, formación especializada y un reconocimiento que respalde su función. Solo así se garantizará que cada niño, niña y adolescente en España pueda aprender y crecer en un entorno seguro y protector.