El CERMI critica a Sanidad por usar el eufemismo "diversidad funcional" en lugar de "discapacidad"

Las palabras no son inocentes. Construyen realidades, definen identidades y, en el ámbito de los derechos, son la herramienta fundamental para nombrar las injusticias y exigir reparaciones. Por eso, una controversia que podría parecer un simple matiz terminológico se ha convertido en un profundo debate político y de derechos. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la máxima plataforma de representación del sector en España, ha criticado duramente al Ministerio de Sanidad por utilizar el término "diversidad funcional" en sus comunicaciones oficiales para referirse a las personas con discapacidad.

Esta queja sobre el término "diversidad funcional", lejos de ser una cuestión de purismo lingüístico, es una enmienda a la totalidad de una corriente que, con la supuesta intención de ser más inclusiva, acaba, según el CERMI, por descafeinar y despolitizar la realidad de la discapacidad. Es la batalla por el derecho a ser nombrado, no con eufemismos edulcorados, sino con el término que reconoce una situación de discriminación histórica y unos derechos específicos.

El origen de la controversia: un término bienintencionado pero problemático

El término "diversidad funcional" nació en el seno de los propios movimientos sociales, concretamente en el Foro de Vida Independiente y Divertad en 2005. Su intención original era positiva: buscaba superar la connotación negativa de palabras como "minusválido" o "disminuido" y poner el foco en que todas las personas tienen capacidades diferentes y funcionan de maneras diversas.

Sin embargo, con el tiempo, el propio movimiento asociativo mayoritario ha rechazado su uso por varias razones de peso:

• Invisibiliza la realidad social: El término "diversidad funcional" es tan amplio que, en la práctica, nos incluye a todos. Todo el mundo tiene una diversidad de funcionamientos. Al diluir la especificidad, se corre el riesgo de invisibilizar las barreras, la discriminación y la falta de accesibilidad a las que se enfrentan de forma sistemática y estructural las personas con discapacidad.
• Carece de valor jurídico: Este es el argumento principal del CERMI. El término que tiene reconocimiento legal y que es la base sobre la que se han construido todos los derechos y las políticas de inclusión, tanto en España como a nivel internacional, es el de "persona con discapacidad". Es la fórmula consagrada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la que se ha incorporado recientemente a la Constitución Española en su artículo 49. Usar un término diferente en un documento oficial es, para el CERMI, un acto de inseguridad jurídica.
• Riesgo de paternalismo: Aunque nació para empoderar, su uso por parte de personas sin discapacidad o de las administraciones puede ser percibido como un eufemismo paternalista, una forma de evitar una palabra, "discapacidad", que todavía incomoda a una parte de la sociedad.

La posición del CERMI: "Sin discapacidad, no hay derechos"

La postura del movimiento asociativo articulado en torno al CERMI es clara y contundente. No reniegan de la palabra "discapacidad", sino que la reivindican como una herramienta política.

"No tenemos miedo a la palabra discapacidad", argumentan desde la plataforma. "Lo que nos da miedo es que, por usar términos que suenan mejor, se olvide que la discapacidad no es una característica de la persona, sino el resultado de una sociedad que no está diseñada para la diversidad y que nos impone barreras. Si no nombramos la discapacidad, ¿cómo vamos a exigir políticas específicas para eliminar la discriminación que sufrimos?".

Para el CERMI, la fórmula correcta y respetuosa, la única que se alinea con el enfoque de derechos humanos, es "persona con discapacidad". Esta fórmula pone el acento en la "persona" en primer lugar y reconoce la "discapacidad" como una de sus características, pero sin definirla por ella.

Un debate abierto y necesario

La crítica a Sanidad no es un hecho aislado. Es un episodio más de un debate muy vivo dentro y fuera del sector de la discapacidad. Mientras el CERMI y las grandes organizaciones defienden el término "persona con discapacidad" por su validez jurídica y política, otros colectivos y activistas siguen prefiriendo "diversidad funcional" por considerarlo más positivo y menos estigmatizante.

Lo que este choque evidencia es que el lenguaje está en constante evolución y que la forma en que nombramos las realidades es fundamental. La queja del CERMI es un recordatorio a las administraciones públicas de que, a la hora de legislar y comunicarse, deben utilizar la terminología consensuada y validada por el propio movimiento social al que se refieren, garantizando así la seguridad jurídica y el respeto a su identidad.