La Fiscalía dice que un “mensaje eliminado” en WhatsApp puede ser prueba clave en casos de violencia digital

La Fiscalía ha puesto el foco en una práctica cada vez más habitual en el ámbito de la violencia digital: el rastro que deja un mensaje eliminado en aplicaciones de mensajería puede convertirse en una prueba válida para acreditar la versión de una víctima.

Según la Memoria 2024 de la Fiscalía General del Estado, presentada en el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, esta huella digital puede ser suficiente para demostrar conductas como el quebrantamiento de condena, incluso en ausencia del contenido íntegro del mensaje.

El valor probatorio de un "mensaje eliminado"

La Fiscalía recuerda que cada vez son más frecuentes los casos en los que el denunciado envía un mensaje a la víctima y lo borra de inmediato, dificultando que esta pueda presentarlo de forma directa en el procedimiento judicial. Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que la marca que deja la aplicación al indicar "mensaje eliminado" adquiere relevancia como indicio corroborador.

Un ejemplo destacado procede de la Fiscalía de Lleida, que ha constatado cómo esta táctica responde al propósito claro de impedir que la víctima conserve pruebas. Aun así, el sistema de mensajería genera un rastro visual cuya existencia respalda la declaración de la víctima y sirve como elemento de peso dentro de la instrucción.

Este hallazgo resulta especialmente útil en delitos vinculados al incumplimiento de medidas judiciales, ya que en anteriores ocasiones la ausencia de pruebas directas obstaculizaba considerablemente las investigaciones.

La presentación de la Memoria 2024 ha coincidido con una circunstancia controvertida: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra procesado por presunta revelación de secretos. Según la causa abierta, el propio García Ortiz habría eliminado mensajes de su dispositivo móvil que posteriormente le solicitó el juez instructor. Este dato ha generado debate político y mediático, pues introduce una paradoja en torno al discurso oficial sobre el valor de las pruebas digitales y la necesidad de preservarlas.

Obstáculos en investigaciones digitales

Más allá del rastro del mensaje eliminado, la Memoria también llama la atención sobre las múltiples dificultades que persisten en materia probatoria. Las redes sociales como Facebook o Instagram se presentan como un terreno especialmente complejo, ya que las órdenes judiciales requieren la colaboración de las plataformas, lo cual suele demorarse o incluso resultar infructuoso.

En muchos casos, la única vía posible para identificar al agresor es el reconocimiento visual que realiza la víctima a través de la foto de perfil del denunciado. Sin embargo, esta fórmula no siempre resulta eficaz, pues algunos usuarios recurren a imágenes donde aparecen junto a la víctima, dificultando su identificación inequívoca.

Incremento de casos en mensajería instantánea

Las fiscalías provinciales de Teruel y Guipúzcoa han expresado preocupación por un incremento significativo de situaciones de acoso digital a través de WhatsApp. En múltiples ocasiones, pese a bloquear al agresor, las víctimas siguen recibiendo llamadas desde números desconocidos, lo que prolonga la intranquilidad y el hostigamiento.

Este tipo de prácticas refleja cómo las tecnologías de comunicación, que en principio deberían facilitar la interacción social, están siendo instrumentalizadas para prolongar situaciones de control y violencia, donde el mensaje eliminado es clave.

Pruebas y retos técnicos

El texto presentado por la Fiscalía subraya también la necesidad de llevar a cabo un rápido cotejo de las pruebas digitales, a parte del mensaje eliminado, idealmente en el servicio de guardia o al inicio de la instrucción. La finalidad es evitar que, por problemas posteriores como pérdida, avería o rotura del dispositivo, la víctima quede sin los elementos necesarios para respaldar su versión en sede judicial.

Asimismo, se hace hincapié en la dificultad de investigar casos de suplantación de identidad digital, especialmente en contextos donde el agresor se hace pasar por la víctima en redes sociales. A esto se suma la complejidad de manejar expedientes que incluyen transcripciones completas de conversaciones en WhatsApp, muchas veces con extensiones de cientos de folios, lo que ralentiza los procesos.

Riesgos para jóvenes y adolescentes

Una de las principales conclusiones de la Memoria 2024 es la vulnerabilidad de la población juvenil en el ámbito digital. Los fiscales alertan de que adolescentes y jóvenes tienden a trivializar los riesgos de compartir información en plataformas como Badoo, TikTok o OnlyFans. La falta de conciencia sobre los posibles usos indebidos de sus datos los convierte en víctimas frecuentes de delitos de acoso, sextorsión o suplantación de identidad.

Las cifras reflejan un aumento preocupante de casos en este sector de la población, lo que introduce la necesidad de programas de prevención y educación digital desde edades tempranas.

Limitaciones estructurales del sistema judicial

El documento también pone de manifiesto las limitaciones que enfrenta la justicia española en su respuesta frente a la delincuencia digital. La escasez de personal especializado, unida a la obsolescencia de los equipos tecnológicos, reduce la capacidad de reacción e investigación en este terreno.

Además, la volatilidad de los datos digitales y su carácter transfronterizo plantean dificultades adicionales para su conservación y examen en un procedimiento judicial. La Memoria insiste en que se requiere una actualización constante en recursos y formación para que fiscales y jueces puedan dar respuesta adecuada a los nuevos desafíos.

Una llamada a la modernización

En suma, el informe presentado por la Fiscalía General del Estado no solo revela cómo algo aparentemente inocuo como un “mensaje eliminado” puede convertirse en un pilar probatorio, sino que también subraya la necesidad urgente de reforzar estructuras, conocimientos y recursos frente a la criminalidad digital.

El panorama descrito refleja que el sistema judicial tiene por delante la tarea de adaptarse a una realidad cada vez más marcada por la inmediatez tecnológica, donde la frontera entre lo privado y lo público se difumina y las pruebas adoptan formas inéditas.