08/05/2025 - 07:29
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El Ministerio para la Transición Ecológica está ultimando un nuevo decreto destinado a reforzar la protección de aves frente a los peligros que suponen ciertas infraestructuras eléctricas.
Esta propuesta legislativa contempla medidas más estrictas que podrían obligar a detener, e incluso desmantelar, aerogeneradores en parques eólicos si se detectan riesgos significativos para especies de aves, especialmente las protegidas o en peligro de extinción.
Una reforma para frenar la mortalidad de aves por colisión y electrocución
El borrador del nuevo decreto surge como respuesta a los fallos detectados en la normativa actual, vigente desde 2008. Según el ministerio, esta legislación no ha logrado reducir de forma suficiente las muertes de aves por colisiones con aerogeneradores ni por electrocuciones en líneas eléctricas. Las cifras son preocupantes: cada año, decenas de miles de aves mueren en España por estas causas, lo que también genera interrupciones y problemas técnicos en la distribución eléctrica.
El ministerio considera que estas infraestructuras representan "el principal problema de conservación para varias especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas". Por ello, se plantea una revisión integral que obligue a adoptar nuevas medidas técnicas y operativas para mitigar el impacto sobre la fauna.
Tecnología de parada automática y seguimiento de vuelos
Entre las nuevas obligaciones propuestas, destaca la implementación de sistemas automáticos que detendrán los aerogeneradores ante el paso de aves, independientemente de si están protegidas. Además, el texto plantea "paradas pautadas" para reducir la mortalidad de murciélagos, así como detenciones cuando se detecten trayectorias de vuelo peligrosas en las inmediaciones de los parques.
También se requerirá a los promotores que elaboren informes detallados sobre cada colisión registrada, analicen las causas y propongan medidas correctoras. En caso de colisiones con aves en peligro, se exigirá paralizar el aerogenerador implicado hasta que se cumplan todos los requisitos establecidos.
El decreto contempla el caso más extremo: si en un periodo de cinco años se producen dos o más colisiones anuales de avifauna amenazadas en un mismo aerogenerador, este deberá detenerse de forma definitiva y ser desmantelado por el promotor, salvo que la autoridad ambiental competente conceda una excepción. Además, se exigirá la presentación de medidas compensatorias por el daño causado a la biodiversidad.
Como complemento, se propone la creación de un Sistema de Seguimiento de la Mortalidad en Parques Eólicos. Este sistema recogerá información detallada sobre cada incidente, incluyendo la especie afectada, la ubicación y características del aerogenerador involucrado.
El sector eólico se opone a las medidas
La Asociación Española de Energía Eólica (AEE) ha mostrado un rechazo frontal a esta nueva normativa, alegando que no está suficientemente justificada y que supone una amenaza para la viabilidad económica del sector. Según cálculos de la AEE, el coste económico por cada accidente que implique a un ave puede ascender a 22 millones de euros, si se suman costes de parada, reparación, e incluso desmantelamiento.
La asociación también critica la falta de diálogo durante el proceso de redacción del decreto. Señalan que no se ha debatido adecuadamente sobre qué especies deben estar cubiertas por estas medidas, y denuncian que se impone una carga adicional a promotores que ya superan rigurosas declaraciones de impacto ambiental antes de construir cualquier parque eólico.
Alegaciones en revisión
El periodo de alegaciones al borrador del decreto finalizó el pasado 12 de abril. El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, ha indicado que está valorando todas las observaciones presentadas por los distintos actores implicados, incluido el sector eólico.
Hasta que se conozca el texto definitivo, la incertidumbre persiste sobre si estas medidas serán finalmente adoptadas y en qué términos para protección de las aves en España.
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