30/07/2025 - 11:30
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Desde la sede de la ONU en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos renovó de forma unánime el mandato de su misión de observadores en Ucrania, una iniciativa que se mantiene activa desde 2014. Esta decisión fue adoptada sin necesidad de votación formal, reflejando un consenso tácito entre los 47 Estados miembros del organismo.
El respaldo provino principalmente de naciones europeas, junto a aliados clave como Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda y Suiza. En América Latina, solo Costa Rica y Guatemala dieron su apoyo, mientras que Estados Unidos permanece fuera del Consejo tras su retiro bajo la administración del expresidente Donald Trump.
Un compromiso continuo con los derechos humanos
La misión en Ucrania continúa operando bajo la supervisión del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
Desde sus inicios, ha contado con la colaboración activa del gobierno ucraniano, interesado en obtener un diagnóstico preciso sobre la situación de los derechos humanos en el país y recibir apoyo técnico para mejorar su protección.
Este equipo de expertos tiene entre sus tareas el monitoreo de violaciones graves, la elaboración de informes periódicos, y la coordinación con organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia. Su objetivo incluye identificar necesidades urgentes en el ámbito de los derechos humanos y canalizar asistencia técnica adecuada.
Niños secuestrados y traslado forzoso a Rusia
Uno de los asuntos más delicados que investiga esta misión es la situación de miles de menores ucranianos presuntamente trasladados a la Federación Rusa, especialmente durante 2022.
Se estima que cerca de 15.000 niños habrían sido secuestrados y reubicados en territorio ruso, sin que Moscú haya proporcionado información clara al respecto a la Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional de la Cruz Roja. La falta de cooperación ha impedido cualquier esfuerzo sistemático por encontrarlos y garantizar su regreso.
Religión bajo presión en zonas ocupadas
Las restricciones a la libertad religiosa en territorios ocupados por Rusia han sido ampliamente documentadas por la misión. El Alto Comisionado ha recabado pruebas sobre la detención y traslado de sacerdotes, así como la toma de iglesias y las presiones ejercidas para que las comunidades religiosas se reorganicen según la legislación rusa.
Un caso destacado es el de un sacerdote católico griego liberado tras un intercambio de prisioneros, quien denunció haber sido torturado en dos centros de detención rusos. A su vez, el Tribunal Provincial de Zaporizhzhia –instaurado por las autoridades de ocupación rusas– condenó a un sacerdote ortodoxo ucraniano a 14 años de prisión por presunto espionaje. Su negativa a rezar por el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y su crítica a los religiosos que colaboraban con las fuerzas ocupantes derivaron en su destitución, arresto y juicio a puertas cerradas.
Libertad de culto bajo ataque
La persecución religiosa no se limita a la Iglesia ortodoxa o católica. Los Testigos de Jehová han sido blanco de enjuiciamientos en Crimea por celebrar reuniones de culto, considerados actos “extremistas” por las autoridades rusas. En octubre de 2024, el Tribunal Supremo de Crimea modificó las condenas de seis años de prisión de dos miembros de esta congregación, trasladándolas a Rusia.
Del mismo modo, la comunidad musulmana independiente de Alushta fue retirada del registro oficial de organizaciones religiosas tras ser acusada de difundir materiales extremistas. Además, recibió una multa de 100.000 rublos por la posesión de textos religiosos prohibidos.
El colapso del sistema judicial en zonas ocupadas
El informe de la ONU también destaca la falta casi absoluta de defensa legal independiente en las zonas bajo control ruso. Muchos abogados locales se niegan a representar a individuos acusados de colaborar con el gobierno ucraniano o de criticar la ocupación, por miedo a represalias, acoso o persecución. Esta situación vulnera gravemente el derecho a un juicio justo y deteriora la integridad del ejercicio jurídico en esos territorios.
Incluso abogados rusos, desde su propio país, evitan involucrarse en casos relacionados con las zonas ocupadas, ya sea por razones de seguridad o por temor a ser percibidos como colaboradores del régimen de ocupación. Esta intimidación sistemática amenaza directamente la protección de los derechos fundamentales.
Un mandato que sigue siendo crucial
La renovación de la misión de derechos humanos en Ucrania llega en un momento en que las violaciones documentadas siguen en aumento. Desde el secuestro de menores, hasta la persecución religiosa y la represión judicial, el informe revela un panorama preocupante en los territorios ocupados. En este contexto, la labor de los expertos de la ONU se vuelve más relevante que nunca para visibilizar estos abusos y presionar por rendición de cuentas.
La decisión del Consejo, aunque adoptada sin votación, implica un mensaje claro: la comunidad internacional sigue considerando esencial el monitoreo independiente en Ucrania, en defensa de los derechos humanos más básicos.
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