La PMP (Plataforma de Mayores y Pensionistas) exige ley de derechos y políticas para personas mayores y con discapacidad

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la implementación de una política integral dirigida a las personas mayores y con discapacidad mayores, ante el desafío que supone el envejecimiento de la población en España. Según la organización, es necesario centrar la acción pública en la defensa y protección de los derechos de este grupo social y garantizar que sus necesidades se reflejen en la Agenda 2030.

Paralelamente, la PMP ha hecho un llamamiento a la creación de una Ley de Derechos de las Personas Mayores, con el objetivo de establecer una normativa específica y adaptada a la realidad de este colectivo, que sirva de marco legal sólido y actual para su protección y bienestar.

Reunión institucional de la PMP con el Ministerio

Estas peticiones fueron presentadas durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, en la que estuvieron presentes el ministro Pablo Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho.

Por parte de la PMP asistió una delegación encabezada por su presidente, Jesús Norberto Fernández, acompañada de las vicepresidentas Inmaculada Ruiz y Manuela Carrión, los vicepresidentes José Luis Fernández y Álvaro García, y la vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), María Luisa Delgado. La reunión permitió un diálogo directo sobre las prioridades normativas y los retos que enfrenta la población mayor en España.

Apoyo a reformas normativas clave

En cuanto a la legislación pendiente de actualización, la Plataforma expresó su respaldo a las reformas en curso de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. La PMP destacó que estas modificaciones representan un avance significativo hacia un sistema más justo e inclusivo, que reconoce derechos esenciales, reduce barreras burocráticas y amplía las prestaciones disponibles para las personas mayores y con discapacidad.

El ministro Bustinduy y la PMP coincidieron en señalar que estas reformas son esenciales para enfrentar el envejecimiento poblacional, el aumento de personas mayores en situación de dependencia y la modernización del sistema de cuidados, adaptándolo a las necesidades actuales de los ciudadanos.

La Plataforma también subrayó la importancia de aprobar cuanto antes el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva y de finalizar la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Según la organización, ambas normas son fundamentales para garantizar un trato digno, accesible y comprensible para las personas mayores y las personas con discapacidad en su interacción con servicios esenciales, desde oficinas públicas hasta empresas privadas.

Otro de los puntos destacados por la PMP fue su disposición a colaborar con el Gobierno en la preparación de la futura Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, un instrumento que busca reforzar la protección de los derechos de este grupo a nivel global. La organización reclamó que España juegue un papel activo tanto en la ONU como en la Unión Europea para promover la aprobación de este tratado, asegurando que las voces de las personas mayores estén representadas en el ámbito internacional.

Inclusión del movimiento asociativo y perspectiva de edad

Finalmente, la Plataforma insistió en la necesidad de fortalecer la participación del movimiento asociativo de personas mayores en los órganos institucionales, de manera que puedan influir de forma real en la formulación de políticas públicas. Asimismo, la organización pidió que se incorpore de forma transversal la perspectiva de edad en todas las políticas, incluyendo aquellas vinculadas a la emergencia climática, como el reciente Pacto de Estado aprobado por el Consejo de Ministros.

Además enfatizaron que las personas mayores y con discapacidad mayores son especialmente vulnerables ante fenómenos extremos, como olas de calor, emergencias sanitarias o desastres naturales, y que la acción pública debe tener en cuenta estos riesgos para garantizar protección y seguridad a los colectivos más vulnerables.

En conclusión, la PMP reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas mayores y con discapacidad, instando al Gobierno a adoptar medidas legales y políticas integrales que sitúen a este grupo social en el centro de la Agenda 2030 y de la acción pública española.