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La violencia de género sigue siendo uno de los problemas sociales más graves en España. Aunque puede ocurrir en cualquier contexto geográfico, los datos revelan una realidad alarmante: alrededor del 40% de los asesinatos machistas se producen en municipios con menos de 25.000 habitantes. Este porcentaje pone el foco sobre la vulnerabilidad de las mujeres que viven en entornos rurales, donde la falta de recursos, servicios y anonimato agrava la situación.
La violencia de género en la España rural: una amenaza silenciosa
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) alertó de que en torno al 40 % de los asesinatos de mujeres por violencia de género tienen lugar en municipios de menos de 25.000 habitantes, motivo por el que exigió a las administraciones públicas acciones inmediatas y una estrategia nacional contra la violencia machista en entornos rurales.
Según los datos recogidos en el 'Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja, año 2024', que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó, 21 de las 48 mujeres asesinadas en 2024 residían en poblaciones de menos de 25.000 habitantes.
Los datos recogidos por Fademur, que contabiliza como feminicidios rurales todos aquellos que se producen en municipios de hasta 20.000 habitantes, siguiendo el criterio del Instituto Nacional de Estadística (INE), confirman que las víctimas de violencia machista que viven en entornos rurales suponen en torno al 40 % del total.
Ante estos datos, desde Fademur advierten de que “es urgente proporcionar una mejor atención y acompañamiento de las víctimas, efectivas y de calidad, adaptadas a las condiciones y especificidades del medio rural". Movilizar un mayor número de recursos especializados, incluyendo equipos itinerantes de actuación, es una de las medidas que proponen desde la Federación. "La colaboración con las asociaciones de mujeres del rural también es otro pilar fundamental, como lo reconoce el Pacto de Estado, ya que son ellas las que trabajan sobre el terreno y quienes conocen de primera mano la realidad de las víctimas y las necesidades de los territorios”, aseguró la presidenta de Fademur, Teresa López.
Factores de riesgo en zonas rurales
Las mujeres que residen en pueblos pequeños se enfrentan a obstáculos añadidos a la hora de denunciar o pedir ayuda. La escasez de centros de atención especializada, la lejanía de los servicios policiales y judiciales, y la falta de transporte público dificultan la protección de las víctimas. A esto se suma el estigma social y el miedo a ser señaladas, ya que en municipios pequeños el anonimato es casi inexistente.
En muchos casos, las mujeres no cuentan con redes de apoyo cercanas o dependen económicamente del agresor, lo que hace que la denuncia sea una decisión aún más complicada. Además, la respuesta institucional puede llegar tarde o ser insuficiente, especialmente en localidades donde no hay profesionales formados en violencia de género.
Urge reforzar la protección en pueblos pequeños
Expertas y organizaciones feministas reclaman medidas específicas para abordar esta realidad. Entre ellas, destacan la necesidad de establecer puntos de atención permanentes en zonas rurales, reforzar la formación de las fuerzas de seguridad en violencia de género y garantizar el acceso a recursos psicológicos, jurídicos y económicos sin importar el lugar de residencia.
También es fundamental ampliar la educación en igualdad desde edades tempranas, involucrar a las comunidades locales en la prevención y activar protocolos de emergencia más eficaces para evitar que las mujeres que denuncian queden desprotegidas.
En definitiva, si bien la violencia de género es una lacra que afecta a toda la sociedad, es crucial prestar atención al ámbito rural, donde la falta de recursos y visibilidad convierte a las mujeres en víctimas más silenciosas. El entorno no debe ser un factor de riesgo añadido: vivir en un pueblo no debería costar la vida.
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