Inspectores de Hacienda alertan sobre los riesgos del refuerzo a la Agencia Tributaria Catalana

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha hecho pública su preocupación ante el nuevo impulso dado a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) tras la convalidación del decreto que modifica su régimen jurídico. Según los inspectores, este paso abre un escenario complejo que pone en entredicho principios constitucionales básicos y genera incertidumbre tanto para los contribuyentes como para los propios funcionarios.

Un decreto sin respaldo legislativo con la Agencia Tributaria Catalana

El motivo central de la polémica radica en la reciente validación parlamentaria de un decreto que busca adaptar la Agencia Tributaria Catalana a lo que el Govern denomina “necesidades y nuevas funciones derivadas del sistema de financiación singular”. Sin embargo, los inspectores recalcan que esta financiación especial no está recogida en ninguna norma ni ha supuesto cambios en el actual modelo estatal.

Para el IHE, la Generalitat está construyendo un marco jurídico sobre una base inexistente, una “entelequia” sin reconocimiento legal que, lejos de mejorar el sistema, puede generar duplicidades y tensiones administrativas.

El comunicado difundido por la asociación advierte de que este tipo de medidas amenazan valores fundamentales recogidos en la Constitución, como la igualdad entre ciudadanos y la solidaridad interterritorial. En su opinión, dar competencias fiscales exclusivas a un territorio sin una modificación legislativa consensuada rompe la cohesión del sistema tributario nacional.

Además, los inspectores consideran que no se ha presentado ningún argumento económico sólido que justifique la creación de estructuras paralelas a la Agencia Tributaria estatal (AEAT), que ya asume estas funciones con “excelentes resultados”.

Riesgo de duplicación y despilfarro de recursos

Otro de los puntos más destacados de la crítica se centra en la posible duplicación de tareas. Según el IHE, las funciones que la Agencia Tributaria Catalana pretende asumir ya están plenamente cubiertas por la AEAT. Avanzar en esta dirección no solo carecería de sentido práctico, sino que supondría un gasto adicional para las arcas públicas.

La asociación habla abiertamente de “despilfarro de recursos sin justificación económica”, al considerar que se estaría montando una estructura paralela sin que existan beneficios claros para la gestión de los tributos ni para los ciudadanos.

La situación también ha despertado malestar entre los empleados públicos de la Agencia Tributaria estatal destinados en Cataluña. Según el IHE, los trabajadores se sienten desamparados al no haber recibido información clara por parte del Ministerio de Hacienda sobre posibles cambios, traslados o cesiones de personal a la Agencia Tributaria Catalana.

Esta falta de explicaciones alimenta la incertidumbre de quienes temen ser utilizados como moneda de cambio en el proceso de construcción de un modelo tributario propio en la comunidad autónoma.

Uno de los elementos que más recelos ha generado es la petición de Esquerra Republicana (ERC) de que, en un plazo máximo de seis meses, se transfieran a la Agencia Tributaria Catalana todos los medios personales, materiales, tecnológicos y presupuestarios necesarios para gestionar parte del Impuesto sobre la Renta (IRPF).

De materializarse esta cesión, se estaría dando un paso decisivo hacia la conformación de una administración tributaria catalana con amplias capacidades, lo que para los inspectores supondría un quiebro en la unidad fiscal del Estado.

Hacia una “hacienda catalana” con capacidad plena

El IHE también ha mostrado su preocupación por las intenciones expresadas en diferentes foros políticos de avanzar hacia una “hacienda catalana” con capacidad para recaudar la totalidad de los impuestos. Incluso se mencionó en la reunión bilateral del 14 de julio la posibilidad de abrir una subsede de la Agencia Tributaria estatal dentro de la propia Agencia Tributaria Catalana, lo que los inspectores interpretan como un paso simbólico hacia la duplicidad institucional.

Para ellos, este tipo de planteamientos no solo carece de base legal, sino que también plantea un escenario de fragmentación que podría generar conflictos en la gestión tributaria y en la distribución de recursos entre territorios.

Llamamiento a las comunidades autónomas y al Ministerio de Hacienda

Ante este panorama, la Asociación de Inspectores de Hacienda insta a las comunidades autónomas a valorar la interposición de un recurso contra el decreto aprobado. Al mismo tiempo, reclama al Ministerio de Hacienda explicaciones claras sobre cómo piensa garantizar la continuidad de la AEAT en todo el territorio nacional.

La asociación recuerda que el sistema tributario no solo se basa en recaudar impuestos, sino en asegurar que se cumplan los principios de igualdad, solidaridad y cohesión que sostienen el Estado de las autonomías.