La mayoría de las personas con discapacidad sufrió violencia en la infancia

Más del 70% de las personas con discapacidad reconocen haber sido víctimas de distintos tipos de violencia durante su época infantil. Así lo revela el estudio “Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia”, presentado por el Ministerio de Juventud e Infancia. La investigación, realizada por Sigma Dos, se basa en una macroencuesta con más de 9.000 participantes de entre 18 y 30 años, que respondieron en función de sus recuerdos de la niñez y adolescencia.

Los resultados muestran una tendencia alarmante: el 71,9 % de las personas con discapacidad sufrió violencia psicológica y el 71,1 % padeció violencia física cuando eran menores. Además, una de cada dos personas de este colectivo aseguró haber sido víctima de violencia sexual, negligencia y violencia digital.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó durante la presentación que estas cifras “no son fruto del azar”, sino consecuencia de un sistema que “continúa jerarquizando la vida de las personas”. Según Rego, los datos reflejan “una realidad que reproduce desigualdades desde el inicio de la vida”, afectando con mayor intensidad a niñas, adolescentes, personas LGTBIQ+, con discapacidad o de nacionalidad extranjera.

El estudio distingue seis formas de violencia: psicológica o emocional, física, sexual, por pareja, por negligencia y digital. En cinco de ellas, las personas con discapacidad presentan los niveles más altos de prevalencia, lo que las convierte en el grupo más afectado por la violencia infantil.

La violencia psicológica: la más extendida entre la infancia española

De acuerdo con los resultados generales de la investigación, la violencia psicológica es la más frecuente durante la época infantil. El 48,1 % de las personas encuestadas afirmó haberla sufrido, siendo los progenitores los principales responsables. De estas víctimas, un 22,5 % continuó padeciendo este tipo de maltrato en la edad adulta, lo que demuestra la persistencia del daño emocional a lo largo del tiempo.

La violencia física ocupa el segundo lugar en prevalencia, con un 40,5% de las personas encuestadas que declararon haberla sufrido. Los padres y madres vuelven a ser los principales perpetradores, seguidos de compañeros, familiares y miembros del entorno escolar.

La violencia sexual y digital, en aumento

Uno de los datos más preocupantes es el de la violencia sexual, que afectó al 28,9 % de los participantes. En este caso, los perpetradores más señalados fueron las parejas, los adultos desconocidos y los amigos o conocidos. Además, una de cada diez víctimas aseguró haber seguido sufriendo este tipo de agresiones en su vida adulta.

La violencia digital, cada vez más presente en las experiencias infantiles, fue mencionada por una de cada cuatro personas encuestadas. De estas, un 10 % señaló que los abusos continuaron después de los 18 años. Los principales agresores en este ámbito fueron parejas, adultos desconocidos y menores de edad.

El director de Sigma Dos, Miguel de la Fuente, explicó que la encuesta se diseñó para obtener una muestra “aleatoria y no sesgada”, y reconoció que hubo una mayor participación femenina, aunque los resultados se mantuvieron equilibrados y representativos. De la Fuente destacó la complejidad del proceso, especialmente por la dificultad de encontrar participantes que respondieran de manera voluntaria a un tema tan sensible.

Un estudio que impulsa cambios legislativos

Durante la presentación del informe, la ministra Rego recalcó que el trabajo ha supuesto dos años de investigación y ha permitido definir con mayor precisión los distintos tipos de violencia que afectan a la infancia. Este diagnóstico servirá de base para implementar nuevas políticas públicas orientadas a la prevención y atención a las víctimas.

Entre las primeras medidas, el Ministerio ha propuesto modificar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). La reforma busca garantizar el derecho de los menores a ser escuchados en procesos administrativos y judiciales sin límite de edad, eliminando el actual tope de 12 años.

Escuchar y proteger: un compromiso institucional

Rego destacó que el objetivo de esta modificación legislativa es “poner en el centro el derecho de la infancia a ser escuchada, defendida y protegida”. La ministra subrayó la necesidad de que los profesionales que trabajan en contacto con menores cuenten con formación especializada para identificar señales de maltrato y actuar de manera preventiva.

“Cada dato es un grito, cada porcentaje una historia que pide reparación”, afirmó Rego, insistiendo en que la violencia contra la infancia “no puede seguir siendo invisible”. Concluyó recordando que este estudio no solo revela una dura realidad, sino que también ofrece una oportunidad para construir un sistema más justo, donde todos los niños y niñas puedan crecer libres de violencia.